El Pacto Europeo de Inmigración y Asilo que Nicolas Sarkozy espera ver aprobado durante la presidencia francesa de la UE recibió ayer el apoyo de los ministros de Justicia e Interior. Aparte del Gobierno francés, también el español y el alemán han participado en la elaboración de un documento al que deberán dar el visto bueno los 27 jefes de Estado y de Gobierno europeos, cuya reunión está prevista el 15 de octubre en Bruselas. El Ejecutivo de Zapatero ha destacado como un mérito propio que el borrador no incluya la exigencia del contrato de integración ni la prohibición de las regularizaciones de inmigrantes. Pero el texto aprobado en Cannes obliga cuando menos a poner entre interrogantes esta victoria.

La supresión del contrato de integración no ha impedido que su sombra reaparezca en diversos párrafos del texto. El pacto invita a los Estados miembros a regular la reagrupación familiar tomando en consideración el conocimiento de la lengua, entre otros elementos. Y más adelante coloca bajo el nombre de “políticas ambiciosas para facilitar la integración armoniosa” la obligación de adoptar “iniciativas específicas” para “favorecer el conocimiento de la lengua” y que “pongan el acento en el respeto a las identidades de los Estados miembros” y de sus “valores fundamentales”. Aunque la expresión “contrato de integración” haya desaparecido, sus exigencias pueden seguir vigentes dependiendo del sentido de la fórmula “políticas ambiciosas”.

Por lo que se refiere a las regularizaciones, el borrador prohíbe las generales y establece que deberán realizarse caso por caso. El Gobierno español se da por satisfecho porque se ampara la regularización que realizó la pasada legislatura, pero parece renunciar a las bien fundadas razones que le asistieron para llevarla a cabo: no concedió papeles a cualquier extranjero que se encontraba en España, sino a los que demostraron disponer de un empleo en la economía sumergida. Otra cosa es que, después, no reforzara la inspección laboral para evitar que el ciclo de la ilegalidad se reprodujera.

El pacto impulsado por Sarkozy consagra conceptos que merecerían un debate detenido como el de “inmigración escogida”; además, evita un desarrollo pormenorizado del asilo, una de las víctimas de las últimas iniciativas europeas. Resulta sorprendente que los Gobiernos de la UE no hayan sido conscientes de que sus últimas iniciativas en materia de inmigración no sólo tienen una dimensión interna, sino también internacional. Tras la aprobación de la directiva del retorno, la reacción más irritada ha llegado de América Latina, como quedó patente en la reciente reunión del Mercosur y en las declaraciones de los líderes más responsables del continente. Pero es la imagen de la Unión Europea en el mundo la que se está viendo afectada. Dependiendo del desarrollo del pacto propuesto por Sarkozy y apoyado por España, esa imagen tiene aún margen para empeorar.