«Hace diez años no había referencias políticas sobre la inmigración y ahora aparece en la agenda de todos los partidos», explica Roberto Marro, director de Inmigración del Gobierno vasco, para quien, sin soluciones globales, el fenómeno no podrá ser contenido. «Aún estamos dando respuestas individualizadas», lamenta. Ayer acudió hasta los estudios de Punto Radio en Bilbao para ser entrevistado por Almudena Cacho, directora de la emisora; José Ramón Bernardo, jefe de los servicios informativos, y Gerardo Elorriaga, periodista de El CORREO.
-Los inmigrantes registrados en Euskadi son 116.650 y constituyen ya un 5,4% de la población, una proporción alejada de la que presentan otras ciudades. Sin embargo, la opinión mayoritaria es que hay muchos más y que son suficientes.
-El fenómeno se ha producido en los últimos diez años y ha supuesto en todo el Estado la entrada de cuatro millones de extranjeros. Ha ocurrido sin conflictos, de una manera normalizada y, en la actualidad, nos hallamos ante una situación fundamental como es la posibilidad de hacer buenas o malas políticas al respecto, partiendo de las experiencias del entorno, en algunos casos fracasadas.
-Actualmente se discute en Cannes un pacto europeo que tampoco tiene carácter global. ¿Nos perdemos en los caminos de un acuerdo general?
-Abandonar tu tierra es una experiencia traumática y habría que convertirla en una opción personal. A ese respecto, el tema del desarrollo es fundamental y no podemos hablar de estrategias sin analizar las políticas de cooperación internacional. Hay que crear redes económicas y sociales para contrarrestar la fuerzas centrífugas que impulsan la salida.
-Este pacto ha sido criticado por todas las asociaciones y defendido por el Gobierno como algo progresista.
-La política común en inmigración no se ha iniciado en el reconocimiento y la integración, sino en la parte sancionadora y restrictiva, y por eso las asociaciones se han alarmado. Con la directiva aprobada por el Parlamento Europeo se permiten detenciones por autoridades administrativas, los menores pueden ser expulsados a países que no son aquellos de origen y también se ha limitado el derecho a la defensa. Resulta alarmante que la tradición jurídica garantista se vulnere.
-El 70% de los inmigrantes afincados en Euskadi están regularizados. ¿Qué puede ocurrir a aquellos que carecen de papeles o se encuentran en trámites para conseguirlos?
-Están expuestos al régimen sancionador de la Ley de Extranjería. Puede recaer sobre ellos una propuesta de orden de expulsión y, en algunos casos, se ejecuta. También sufren la precariedad laboral, incluso la explotación, por su inferioridad jurídica.
Mercado laboral
-Sólo el 7% de los vascos percibe la inmigración como uno de los tres problemas más importantes.
-Es positivo porque quiere decir que para la mayoría no se trata de un problema, sino de una solución en el mercado de trabajo. En Bilbao, de diez personas que trabajan en el ámbito de la dependencia, siete son extranjeras.
-También se relaciona al extranjero con el aumento de la inseguridad. ¿La culpa la tiene el ‘otro’?
-En situaciones de crisis siempre buscamos culpables. En los últimos siete años, de los puestos de trabajo creados, sólo uno lo ocupa un inmigrante. También se cree que usan más los servicios sociales cuando lo cierto es que, hasta la fecha, aportan más de lo que reciben. No negamos su implicación en hechos delictivos, pero existe un ordenamiento jurídico que los sanciona. Esta facilidad para achacar responsabilidades al más débil se aprecia en declaraciones como las del ministro Celestino Corbacho, cuando dice que hay un millón de trabajadores excedentes. Así, cuando la recesión se agudice, ya hay a quien acusar.
-¿Se nota la crisis en el colectivo de inmigrantes?
-Creo que en Euskadi no se sentirá tanto como en otras zonas porque contamos con un importante tejido industrial que impedirá que entremos en los vaivenes del sector terciario, es decir, construcción y hostelería. Tampoco aquí existe una agricultura con concentraciones laborales importantes.
-¿Es partidario de las repatriaciones incentivadas?
-La inmigración es un hecho voluntario y si el individuo quiere regresar debe tener facilidades, pero no estoy de acuerdo completamente con la última propuesta, porque evidencia desconocimiento de la realidad inmigratoria. Si una persona puede capitalizar en el desempleo de 10.000 a 14.000 euros, eso implica que cuenta con una vida laboral de unos seis años, posiblemente, con su familia reagrupada y paga una hipoteca. También sospecho que no va a irse porque dispone de una movilidad social mayor que la de los autóctonos. Una posibilidad de partir para un cierto período de tiempo con la posibilidad de regresar sería más positiva.