Javier Aguilar

ESTRASBURGO – Los ministros de Interior e Inmigración de la UE dieron ayer su apoyo al proyecto francés de Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que los Veintisiete habrán de aprobar en el Consejo Europeo del próximo mes de octubre. La presidencia francesa de la Unión consigue así sacar adelante una de sus prioridades: una política común de inmigración. Pero la negociación no ha sido fácil, ya que Alemania y, sobre todo, España han negociado hasta última hora los términos del acuerdo, que, en muchos casos, eran de carácter semántico.

El texto deja clara la necesidad de «descartar las regularizaciones generales e incondicionales para limitarse en el futuro a regularizaciones caso por caso, de manera excepcional, en el marco de las legislaciones nacionales, por motivos humanitarios y económicos».

El proyecto original, presentado ayer en la reunión celebrada en el Palacio de Festivales de Cannes, pretendía obtener la renuncia a las regularizaciones masivas, como las que han llevado a cabo en los últimos años los gobiernos español e italiano de Zapatero (700.000 inmigrantes sin papeles en 2005) y Prodi.

Esta modificación y la enumeración de los derechos (acceso al empleo, educación y servicios sociales) y deberes (aprendizaje de la lengua y respeto a las leyes del país) de los inmigrantes, en vez del contrato de inmigración, llevaron a expresar su satisfacción al ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, que consideró que «hemos logrado que sean aceptados ciertos elementos de nuestra política migratoria». En cuanto a la mención expresa contra las regularizaciones generales, Rubalcaba afirmó que «no nos sentimos señalados, nos sentimos muy cómodos habiendo conseguido que se reconozcan elementos de nuestra política de inmigración y pensando que las regularizaciones tienen que hacerse caso a caso».

El proyecto endurece las condiciones de la inmigración ilegal, contra la que se propone luchar, beneficia la integración de los inmigrantes y ensalza el concepto defendido por el presidente francés, Nicolás Sarkozy, de «inmigración elegida». Para el comisario europeo Jacques Barrot la «Europa abierta» tiene que ser compatible con unas reglas del juego «armonizadas».

La política común de inmigración también quiere llegar a las peticiones de asilo, con el objetivo de crear el próximo año una oficina europea de apoyo para el intercambio de información sobre demandas de asilo y tener dispuesto en 2012 un procedimiento único.

El texto defiende la readmisión, pocas semanas después de la aprobación de la Directiva de Retorno, que afectará a ocho millones de inmigrantes «irregulares». Y otra cifra: de los más de 200.000 «sin papeles» detenidos en la UE durante el primer semestre de 2007, el número de expulsados no alcanzó los 90.000.


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