El pacto europeo de inmigración presentado ayer por Francia recibió el apoyo general de los Veintisiete durante el consejo informal celebrado en Cannes, en el que los ministros del Interior iniciaron los debates para diseñar una política europea común que luche contra los flujos de ilegales y apueste por la integración de los regulares.

España y Alemania, que participaron en la redacción del texto, saludaron el pacto, igualmente arropado por los ministros de Grecia, los Países Bajos, Bélgica, Irlanda, la República Checa o Italia, que lo calificó de “óptimo”. Francia, que ejerce la presidencia de turno de la UE, quiere aprobarlo formalmente en el Consejo Europeo de octubre.

El texto debatido ayer pide a los Estados limitarse a las regularizaciones “caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos”.

Además, invita a los países de la UE a poner en marcha “políticas ambiciosas para favorecer la integración armónica en sus países de acogida de los inmigrantes, con la perspectiva de que se instalen de manera duradera”.

Estas políticas deben descansar en el equilibrio de los “derechos” de los inmigrantes, como el acceso a la educación, al trabajo, a la seguridad y a los servicios públicos y sociales, y de sus “deberes”, entre los que está el respeto a “las leyes del país de acogida”.

Comporta también medidas específicas para favorecer “el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo, factores esenciales de la integración”.

Valores fundamentales

En el texto también se pone acento en el respeto a las “identidades” de los Estados de la UE, así como a sus “valores fundamentales”, como los Derechos Humanos, la libertad de opinión, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y la obligación de escolarizar a los hijos.

Respecto a la reagrupación familiar, se pretende que los países tengan en cuenta sus capacidades de acogida e integración respecto a las familias, en función de los recursos de éstas, de sus posibilidades de alojamiento en el país de destino y, por ejemplo, de su conocimiento de la lengua.

El pacto refleja la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, garantizando el regreso de los irregulares a sus países, y pide cooperación entre los Estados miembros para que los extranjeros en situación irregular abandonen el territorio.

El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó que este documento supone “un paso importantísimo” hacia el establecimiento de una política común en la UE en materia de inmigración.

Se mostró satisfecho porque refleja “bastante bien” el proyecto político español, centrado en impulsar una inmigración legal y ordenada, en función de las necesidades del mercado laboral, facilitar la integración y luchar contra la inmigración ilegal.