El mismo día en que la consejera de Bienestar Social Inés Rojas y la diputada socialista Olivia Cedrés decidían tirarse los trastos a la cabeza a cuenta de quién debe atender a los menores inmigrantes que llegan a las Islas, la realidad, que es muy tozuda, se encargaba de mostrar su cara más dramática y dejar su trifulca verbal en una discusión estéril y, además, gratuita. Esa realidad nos llevaba casi a la misma hora en que ellas se enzarzaban en su discusión, a las costas de Andalucía, donde más de una docena de personas desaparecían en el mar en su intento por llegar al Primer Mundo.

Echarle en cara a Inés Rojas talante racista no parece que sea de recibo, pues la trayectoria pasada y presente de la consejera no permite siquiera una comparación tan grave. Por su parte, pasarse todo el día reconociendo su incapacidad para convencer al Gobierno central para una mayor implicación en el reparto de menores por la Península sólo sirve para que el personal se pregunte si no estamos ante la imagen nítida de la falta de eficacia de la consejera. De algo tendrían que servir la recepción de José Luis Rodríguez Zapatero a Paulino Rivero en La Moncloa, los kilómetros de pasillos en el Congreso y en los ministerios que hace la diputada Ana Oramas, y hasta la teórica complicidad del Partido Popular en aquellas comunidades donde tiene mando en plaza. Todo eso, por lo que se ve, es agua de borrajas, y si no es así, es que entonces la Consejería y su titular tocan en la puerta errónea. Cabe también la posibilidad de que haya una consigna en Madrid para no hacerle caso a Inés Rojas, pero no parece que el Gobierno central esté como para incluir su nombre en el listado de asuntos prioritarios a debatir en el Consejo de Ministros.

Así las cosas, la consejera, los diputados socialistas, la Delegación del Gobierno y las federaciones de cabildos y municipios ya están tardando en sentarse para encontrar el consenso y buscar una salida al evidente colapso en la atención a los menores. Porque si en algo tiene razón Inés Rojas es en que Madrid no ha cumplido lo que dijo en su día; ni lo que prometió Jesús Caldera una y cincuenta veces, ni lo que avanzó Celestino Corbacho en su reciente visita a las Islas.

Y claro que hay que atender a los menores inmigrantes sin mirar el color de su piel si al PSC le consta lo contrario, ya puede acudir a la Fiscalía, que el racismo está severamente castigado en el Código Penal, pero también es indiscutible que la responsabilidad de esa atención es de todos. Quiero decir, de toda España. Ellos, a fin de cuentas, llegan a Canarias, que sigue siendo España.

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