El conseller de Inmigración, Rafael Blasco, reclamó ayer al Gobierno central que deben ser las comunidades autónomas las que gestionen las autorizaciones de residencia por arraigo y reagrupación familiar. Petición que ha ya sido trasladada al Ministerio de Trabajo y que será planteada de nuevo mañana, durante la reunión con todos los responsables autonómicos.

Blasco ofreció un balance del año que lleva al frente del departamento. Una primera parte de la legislatura que no ha estado exenta de polémica, especialmente con el anuncio del contrato de integración para los inmigrantes, posteriormente reformulado como compromiso.

El titular de Inmigración volvió a referirse a la citada propuesta – siempre voluntaria – que para él supone seguir el texto que la presidencia francesa de la Unión Europea ha elaborado junto con el Gobierno español, y al que se ha adherido Alemania, para lograr un Pacto europeo sobre inmigración.

Así, indicó que la Conselleria no se ha movido ni un milímetro del compromiso de integración, “que es exactamente lo que estos días va a firmar el Gobierno en Europa”. En resumen, la propuesta de Blasco consiste en cursos de castellano para que los inmigrantes aprendan el idioma, pero también para que conozcan las instituciones de la Comunitat y los derechos con los que cuentan.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, en cambio, mostró su satisfacción porque “el contrato de integración que en algunos momentos ha promovido el conseller” no formará parte de la directiva europea que se debatía ayer en Bruselas.

El conseller aprovechó su comparecencia para criticar al Ejecutivo y reclamarle nuevas competencias. En el apartado de críticas – dijo – que el cambio de postura en la política de inmigración llega “con retraso”.

En este sentido, Blasco consideró que el problema no es asumir las directivas europeas, “sino qué se hace con más de un millón de personas irregulares e indocumentadas que existen en España como consecuencia de la política catastrófica de Zapatero”. Desde la creación de la Conselleria de Inmigración se ha reclamado una negociación sobre las políticas de integración, ya que son las autonomías las que deben pagar la “factura” sin una financiación adecuada, modelo que no tiene en cuenta a un millón de personas.

No fue el único reproche de Blasco a la política del Gobierno y a las propuestas del partido socialista, que ayer anunció Zapatero que quiere convertir en leyes. Respecto a la solicitud del voto para los inmigrantes, dijo que se trata de una “declaración genérica que ya es más que reconocida constitucionalmente en España”. De tal forma – continuó – “que si los extranjeros no están ejerciendo el voto o no pueden ser elegidos es consecuencia de que el Gobierno no ha cumplido en el desarrollo del precepto constitucional que da esta potestad a los inmigrantes y extranjeros”.

El titular de Inmigración puntualizó que existe una proposición no de ley aprobada en el Parlamento español en 2006 que instaba al Gobierno a “tomar las decisiones oportunas para que se pudiera materializar esta potestad constitucional que ya otorgaba a los inmigrantes y extranjeros” y manifestó que “hasta ahora no es más que una declaración de intenciones y corresponde al Gobierno central tomar estas decisiones”.

Blasco instó al Gobierno a que firme los convenios de reciprocidad respecto de los países que ellos pretenden que puedan votar en España y los españoles que viven en ese país puedan votar allí donde residen.

El responsable de la Conselleria de Inmigración enumeró todos los logros de su departamento al cumplirse un año desde el inicio de su actividad. Entre ellos, destacó la firma de más de cien convenios con entidades para favorecer la integración y la plena ciudadanía; la aprobación de la primera Ley de Participación Ciudadana de España y del anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes; y el visto bueno de los Planes de Cooperación y de Ciudadanía por parte del Ejecutivo valenciano.

Para el responsable en la materia, la Generalitat se ha dotado de las herramientas necesarias para afrontar la inmigración, que consideró “el fenómeno social más importante del siglo XXI”. Así, indicó que la población inmigrante se ha incrementado en la región hasta llegar a las 838.224 personas, lo que supone un 16,7 por ciento de la población, “porcentaje sólo superado por Baleares”. Para ello, afirmó que la Generalitat destina al año cerca de 1.347 millones de euros en políticas de atención a la población inmigrante.

Según aseguró, el Consell invierte 485,7 millones de euros en educación, 817,45 en sanidad, 12,6 en vivienda, 20,91 en acogida e integración y 9,74 en políticas de bienestar. “Se trata de un desfase económico”, aseveró Blasco , quien se mostró esperanzado de “poder desarrollar el tema de la financiación en el Consejo Territorial” ya que, manifestó, "la financiación es inadecuada porque el Gobierno sigue computando el censo de 1999, por lo que ignora un millón.

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