Francia presentó ayer en Cannes un documento consensuado con sus socios europeos que deberá servir de base para el lanzamiento de una política común de inmigración y asilo a partir del próximo octubre, cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la UE le otorguen su endoso en cumbre comunitaria, como parece previsible.

El Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que así se denomina el documento, de ocho folios, contempla actuaciones sobre cinco grandes áreas: inmigración legal e ilegal, controles fronterizos, política de asilo y colaboración con los países de origen y de tránsito de inmigrantes. La idea subyacente es la de propiciar una inmigración regular y controlada en beneficio mutuo, combatir la irregular con un amplio abanico de actuaciones que comprenden la repatriación de indocumentados, el castigo de quienes los contraten y el combate contra los que se lucran de su tráfico. Además, prevé la potenciación de los mecanismos de control de las fronteras externas y la generalización de visas biométricas (a partir de enero de 2012) y el establecimiento de una política común de asilo que confiera a sus beneficiarios niveles de protección más elevados.

A fin de sumar a la iniciativa a países como España, reticentes con las formulaciones demasiado exigentes con los inmigrantes, la presidencia francesa ha renunciado a conceptos como el «contrato de integración», que París quería hacer firmar a los inmigrantes, o la enumeración de sus obligaciones. En cambio, el pacto renuncia a las regularizaciones masivas y las limita a «caso por caso, en el marco de las legislaciones nacionales, por motivos humanitarios o económicos».

Determina, asimismo, que los Estados aplicarán «políticas ambiciosas para favorecer la integración armoniosa, en sus países de acogida, de los inmigrantes que cuenten con perspectivas de instalarse durablemente. Esas políticas deberán basarse en el equilibrio de derechos de los inmigrantes (acceso a la educación, al trabajo, a la seguridad y a los servicios públicos y sociales) y sus deberes (respeto de las leyes del país de acogida)». Portavoces de la presidencia daban cuenta ayer en Bruselas que el documento había sido «generalmente bien acogido» en Cannes.

El proyecto de pacto sobre inmigración cuenta con aspectos claramente represores. Tras la polémica, aún no concluida, sobre la Directiva de Retorno, el documento sobre el que se pretende construir la nueva política europea de inmigración manifiesta que «los extranjeros en situación irregular sobre el territorio de los Estados miembros deberán abandonarlo. Cada país se compromete a garantizar la aplicación efectiva de este principio, en el respeto del derecho y que cada miembro reconozca las decisiones de retorno adoptadas por otro estado».

Del compromiso precedente se deriva que «los estados aplicarán el principio adoptado en 2001 según el cual una decisión de alejamiento tomada por un país miembro es de aplicación en todo el territorio de la Unión Europea».

Blindaje de fronteras

Asumido el principio de que a los irregulares se les expulsará (de acuerdo con lo establecido en la Directiva de Retorno, con detenciones máximas de 18 meses para los casos graves), el pacto se concentra en el blindaje de las fronteras exteriores de la UE. Proclama la solidaridad comunitaria contra los Estados que las tengan (como reclamaba España para no correr en solitario con los costos de los dispositivos a desplegar), y pide que se dote a la Agencia de Fronteras Exteriores (Frontex), de los «medios necesarios para hacer frente a situaciones de crisis o para desarrollar, a petición de los Estados miembros, las operaciones que se consideren necesarias, temporales o permanentes».

Junto a todo ello, se desplegarán «útiles de tecnologías modernas» para garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos que faciliten la gestión integrada de la frontera exterior. A partir de 2012, estos esfuerzos deberán concentrarse en el establecimiento de un registro electrónico de entradas y salidas en la UE, con un procedimiento acelerado para ciudadanos comunitarios.