Empezaron a llegar a mediados de los años 90 y hoy son ya más de 224.000 en la Región. Durante este tiempo, los inmigrantes han contribuido al crecimiento económico aportando su trabajo a la construcción y la agricultura, han disparado las tasas de natalidad – que estaban peligrosamente estancadas – y con ello han ayudado a garantizar las pensiones y el sistema de la Seguridad Social. Pese a ello, las organizaciones sociales denuncian que siguen siendo «ciudadanos de segunda». Gozan de derechos sociales y económicos, pero no de derechos políticos plenos. El PSOE se fijó ayer, en su Congreso Federal, el objetivo de que los extranjeros que lleven al menos cinco años residiendo de forma legal en España puedan votar en las próximas elecciones municipales. La propuesta, en realidad, no es nueva. Ya se habló de ella en la pasada legislatura de la mano de una moción de IU en el Congreso de los Diputados, pero quedó en agua de borrajas pese al apoyo de todos los partidos.

Ahora, el PSOE la retoma y calcula que en el 2011 podrán ejercer su derecho al voto unos 60.000 inmigrantes en la Región. «La participación política es una herramienta clave para la integración», defiende Lola Hernández, secretaria de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSRM – PSOE. Las organizaciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes coinciden con su planteamiento, pero se dividen entre quienes confían en que esta vez la iniciativa sí llegará a puerto y quienes la ven con escepticismo. La clave está en el principio de reciprocidad. Para que los inmigrantes puedan votar en España, sus países de origen deberán permitir que los españoles que residen en su territorio puedan hacer lo mismo. Eso será fácil con algunos gobiernos, sobre todo de Sudamérica, pero complicado en otros casos (Marruecos y países subsaharianos) y probablemente imposible en casos como China. El PSOE ha optado por esta opción porque es la única posible salvo que se acometa una reforma de la Constitución, que obliga a esta reciprocidad.

Lola Hernández confía en que se podrá llegar a acuerdos con los países de origen. «Ecuador ya está reformando su legislación, y con respecto a otros estados como Marruecos, sus gobiernos deberían ser los primeros interesados en que sus ciudadanos adquieran la plena ciudadanía allí donde estén». Sin embargo, organizaciones como Convivir sin Racismo piden abiertamente una reforma constitucional. «La propuesta socialista es un mecanismo discriminatorio y lento, una especie de trampa», denuncia Manuel Lario, portavoz de esta plataforma. «Desde 1988 se han firmado convenios con Chile, Argentina, Uruguay y Noruega, pero de todos ellos sólo los últimos pueden votar, porque los otros tres acuerdos todavía no se han puesto en práctica».

De momento, y además de los noruegos, ya participan en elecciones municipales los ciudadanos de la Unión Europea, lo que incluye a rumanos y búlgaros. De lo que se trata ahora es de ampliar el sufragio al grueso de inmigrantes. En principio, hay consenso, porque el PP no es contrario a la propuesta, aunque no la considera prioritaria. «Nos parece bien la idea, que no es nueva – explica Ascensión Carreño, secretaria ejecutiva de Política Social del PP – pero es un intento de distraer del verdadero problema: la crisis».

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