DV. Varias asociaciones de inmigrantes de Gipuzkoa se reunieron ayer para mostrar su rechazo hacia la nueva directiva europea de inmigración, que prevé la retención de extranjeros detenidos hasta un máximo de 18 meses mientras se tramita su expulsión. «Con esta ley, Europa pretende crear cientos de ‘guantánamos’ a la europea», advirtieron las entidades agrupadas en el Espacio de Encuentro de Asociaciones de Inmigrantes de Gipuzkoa.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la asociación Esperanza Latina en Donostia participaron agrupaciones como Malen Etxea, Mi nuevo Potosí, Kolokol y la asociación de Rumanía en Euskadi Decebal, de entre las doce que conforman el colectivo.

Varios representantes denunciaron el «malestar» que les provoca la nueva directiva que llaman «de la vergüenza», aprobada recientemente por la Eurocámara por amplia mayoría y con el voto favorable de España. «La política de inmigración desarrollada por la nueva derecha europea es desde el punto de vista de los derechos humanos y las libertades individuales inmoral», criticaron.

Silvia Carrizo, representante del colectivo, opinó que estas medidas legales son «un mensaje para toda la sociedad, no sólo para los inmigrantes», pues suponen, a su juicio, un primer paso para endurecer las políticas sociales de «la clase trabajadora».

Vulnerables a la crisis

Fabricio Cajas, de Adiskidetuak, se refirió a la crisis económica: «El colectivo inmigrante es el más vulnerable porque está ligado a una situación de precariedad laboral permanente, a una crisis perpetua». A su juicio, sería necesario lograr una coordinación entre el país de origen y el de acogida para facilitar el proceso de migración y ayudar a las familias que no emigran.

Ana Murcia, otra representante del colectivo, aseguró que «la crisis de la Unión Europea como proyecto, con el reciente rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa, ha motivado la búsqueda de una cohesión, que puede incluir el rechazo a otras culturas». Murcia añadió que, a pesar de las ayudas que reciben los inmigrantes, «no hemos venido a recibir subvenciones, sino a trabajar».

El colectivo también tuvo palabras críticas para las políticas sociales que está desarrollando el Gobierno Vasco, en especial hacia los servicios sanitarios. «El Ejecutivo autónoma estudia cambios para restringir el acceso a la salud a los inmigrantes», según explicaron. Temen que en un futuro se les pida una demostración de residencia previa para conseguir la tarjeta sanitaria, cuando en la actualidad basta solamente con el empadronamiento.