JUAN CARLOS MERINO – Madrid

La iniciativa se limita a las elecciones locales y afectaría sobre todo a Barcelona y Madrid
Ya lo auguró el actual ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, cuando era alcalde de l´Hospitalet, a la vista de los resultados electorales de las municipales del 2007: aumenta la población pero disminuyen los electores, así que o se incorpora a los inmigrantes en el cuerpo electoral o va a haber problemas. Y la dirección del PSOE se mostró ayer dispuesta a dos cosas. En primer lugar, a no dejar que su congreso federal pase sin pena ni gloria como mero trámite orgánico y sin acaparar titulares. En segundo lugar, a contrarrestar las críticas – tanto internas, como de la izquierda y de los colectivos de inmigrantes- ante la nueva política migratoria del Gobierno, que un panorama de crisis económica ha obligado a endurecer. Así, ha apostado – en una enmienda transaccional ya pactada- por ampliar el derecho de voto a los extranjeros que vivan en España de forma legal y estable, con el objetivo puesto en las próximas elecciones municipales del año 2011.

El proyecto, no obstante, es complejo. Requerirá, en primer lugar, el asentimiento del PP. Ayer fue el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el primero en dar una efusiva bienvenida a la propuesta. Y el número dos del PSOE, José Blanco, se felicitó por ello. Con más cautela se pronunciaron, después, la adversaria política de Gallardón en el PP, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre – pese a que llevó idéntica propuesta en su última campaña-, y la nueva secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Fuentes socialistas, no obstante, aseguran que “nadie se podrá oponer” a esta medida. Tampoco se opone CiU, según aseguró con matices Carles Campuzano; ni IU, pese a que Gaspar Llamazares acusó al PSOE de intentar lavar así su mala conciencia por su actual política inmigratoria.

El proyecto también será laborioso porque requiere que el Ministerio de Exteriores firme los acuerdos de reciprocidad con los países de origen de los inmigrantes. En el PSOE creen que esta medida podría beneficiar a casi dos millones de personas. En todo caso, y con los extranjeros que actualmente residen legalmente en España, afectará por lo menos a 1,3 millones de extranjeros: 376.000 marroquíes, 233.000 ecuatorianos, 156.000 colombianos, 74.000 peruanos… Esta medida tendrá gran incidencia en las ciudades con mayor inmigración, esto es, Barcelona y Madrid. Para votar en unas generales, la nacionalidad española sigue siendo imprescindible.

Otro tema para el debate es el tiempo que deberán haber vivido en España estos extranjeros para poder votar. Ni siquiera se ha decidido si denominarlos en la enmienda residentes “de larga duración” o “estables”. Habrá que concretar si dos o tres años, por ejemplo, ya será requisito suficiente.