El PSOE reactivó ayer el debate sobre la inmigración al anunciar que en su congreso de este fin de semana aprobará una enmienda para que los inmigrantes extracomunitarios con residencia legal y estable en España puedan votar y ser votados en las elecciones municipales. Esta medida, valorada positivamente por la mayoría de los partidos y organizaciones no gubernamentales – aunque con matices en algunos casos – , abriría la puerta al sufragio a alrededor de 1,3 millones de personas, que se sumarían a los 1,5 millones de ciudadanos que ya gozan de este derecho desde principios de los años noventa por proceder de países de la Unión Europea.

La ejecutiva del partido gubernamental pretende centrar en el debate social el 37 congreso federal, que arranca hoy en Madrid, y huir de las cuestiones más vidriosas. Con este objetivo, el secretario de Organización adelantó ayer que a la resolución se le incorporará una enmienda transaccional según la cual «el PSOE impulsará los acuerdos políticos necesarios para el ejercicio del derecho al voto en las elecciones municipales de aquellos ciudadanos extracomunitarios que sean residentes de larga duración». José Blanco indicó que se trata de una innovación «ambiciosa y de gran calado», en la que espera contar con el consenso del PP.

El objetivo del PSOE es que el mayor número posible de inmigrantes pueda ejercer ya en los comicios de 2011 este derecho, al que no se hacía ninguna referencia en la ponencia marco. Sin embargo, se incorporó porque ha sido objeto de múltiples enmiendas por parte de la militancia, alrededor de una veintena, según fuentes socialistas. El texto que finalmente presentarán los ponentes argumenta que «la participación política constituye un elemento favorable a la integración de los inmigrantes al fomentar su implicación en los procesos democráticos que afectan a su entorno más inmediato»; un aspecto en el que incidió también ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

La dirección socialista prevé plantear este asunto en el debate sobre la reforma de la Ley Electoral que abordará el Congreso tras el verano. No obstante, los medios consultados admiten la complejidad de un plan que exige firmar acuerdos de reciprocidad con las naciones de origen de los inmigrantes. Y es que la Constitución establece que para que un extranjero pueda elegir y ser elegido en las municipales, su país debe reconocer tal facultad a los españoles residentes en su territorio. De los 1,3 millones de personas que podrían votar en 2011, 376.000 son marroquíes, 233.300 ecuatorianos, 156.000 colombianos y 74.400, peruanos.

Buena acogida

Entre los partidos que ayer se pronunciaron sobre la iniciativa, las reacciones fueron mayoritariamente positivas. Los mayores reparos surgieron desde el PP. Así, su portavoz en la Comisión de Inmigración del Congreso, Rafael Hernando, advirtió de que «si las cosas se hacen sin sentido y sin cabeza», «uno de los problemas que pueden plantearse» es la proliferación de candidaturas extranjeras.

También desde las filas populares, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, restó importancia a la propuesta socialista por entender que «lo prioritario» es garantizar «la mínima dignidad» de los inmigrantes «a través del derecho al trabajo». «Votar o no votar ocupa ahora mismo un segundo lugar», subrayó en el mismo sentido la portavoz adjunta en el Congreso, Fátima Báñez.

Por su parte, el coordinador general de IU, dio la «bienvenida» a la medida. No podía ser de otro modo, ya que según Gaspar Llamazares no hace sino reproducir una propuesta que la coalición lleva planteando en la Cámara baja desde 2001. Por ello emplazó al PSOE a que «antes de aparentar que han descubierto la pólvora, se lean la iniciativa que presentó IU. Similar en lo básico a otra tramitada ayer por el diputado de ICV, Joan Herrera.

«Es la primera buena noticia que se oye de este partido (del PSOE) en relación con la inmigración», dijo el diputado del PNV Emilio Olabarria. No obstante, considera que habría que reformar la Constitución y eliminar la cláusula de reciprocidad, una reivindicación en la que coinciden medio centenar de organizaciones sociales, entre ellas SOS Racismo o la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME).