La Unión Europea indicó ayer que quiere vigilar la aplicación en los Estados miembros del bloque de nuevas reglas recién aprobado sobre la expulsión y retención de inmigrantes clandestinos.

«Créanme, voy a husmear las condiciones de retención» de los extranjeros en situación irregular, advirtió el comisario de Justicia, Jacques Barrot. «Iré a ver los casos que me sean señalados por los diputados europeos», agregó.

El centro de retención de Vincennes, cerca de París, recientemente arrasado por un incendio intencionado, «es un mal ejemplo» de lo que existe en Europa, juzgó Barrot.

El comisario europeo quiere «vigilar la transposición» de las disposiciones de la denominada Directiva de Retorno, la controvertida legislación aprobada por el Europarlamento la semana pasada y que encuadra la partida voluntaria o forzada de los inmigrantes ilegales. Dos de las propuestas más criticadas de esa ley son la duración de la retención de los extranjeros que se nieguen a partir (hasta 18 meses) y la prohibición por 5 años de volver a la UE.

«Una de las críticas más escuchadas es que los 18 meses van a servir para que los Gobiernos aumenten el período de retención», reconoció Barrot. Agregó que no estaba previsto que los países que tienen un plazo inferior lo aumenten.

«La propuesta de la Comisión no preveía los 18 meses. Fue decidida por los Estados miembros», recordó Barrot.

Además lamentó que la duración de la retención haya ocultado aspectos positivos como la «obligación para los Estados de aceptar un control jurisdiccional que permita controlar la aplicación y condiciones de la retención».