Sesenta entidades reafirman que la migración es un derecho, no un delito
El Día, , 22-06-2008Organizaciones a favor de los derechos humanos se concentraron ayer frente a la Subdelegación del Gobierno en Tenerife para protestar por “la directiva de la vergüenza”, en referencia a la norma europea recién aprobada, que contempla, entre otros, un período de internamiento de hasta 18 meses para los inmigrantes.
Al menos sesenta organizaciones a favor de los derechos humanos se concentraron ayer ante la puerta de la Subdelegación del Gobierno de la provincia tinerfeña para protestar por la que denominaron “directiva de la vergüenza”, en referencia a la normativa recién aprobada por el Parlamento Europeo, que contempla, entre otras medidas, la posibilidad de elevar el período de retención de los inmigrantes en los centros de internamiento hasta 18 meses, y reafirmaron que la migración es un derecho, nunca un delito.
El Gobierno de España ya ha adelantado que ampliará en 2009 a 60 días el plazo máximo de internamiento de inmigrantes irregulares pendientes de expulsión, justificando que los 40 días actuales resultan insuficientes para tramitar los expedientes de repatriación.
La intención del Gobierno es acompañar esta modificación de la Ley de Extranjería de otra por la que se endurecerán los términos de la reagrupación familiar en la línea ya apuntada por el ministro de Inmigración, Celestino Corbacho. Se trataría de limitar este derecho al núcleo familiar exclusivamente al matrimonio y los hijos menores de edad y de conceder, además, a los vástagos de dieciséis años el permiso de trabajo.
Las plataformas sociales y vecinales, asociaciones de inmigrantes y ecologistas concentradas ayer en Tenerife consideran que la nueva normativa someterá a miles de personas a cumplir entre seis y 18 meses de detención “por el simple hecho de no tener sus papeles” y recordaron que 2.000 inmigrantes se encuentran en los centros de retención de extranjeros “sólo por esa falta administrativa”.
“Con la nueva directiva la retención de personas inmigrantes en los CIE podrá ser ordenada no sólo por la autoridad judicial, sino también por la Policía, a condición de que esta orden sea confirmada por un juez lo más rápidamente posible, es decir sin establecer un plazo determinado de tiempo para dicha confirmación judicial del internamiento”, explicaron las organizaciones contrarias a esta normativa. En este sentido, creen que la nueva medida no sólo priva de libertad a las personas adultas, “sino que, atentando contra las declaraciones de derechos humanos y del niño, también se podrá retener a menores extranjeros no acompañados”.
Además, “cuando se cubra la capacidad de los centros de internamiento , la directiva de la vergüenza incluso contempla el internamiento de las personas inmigrantes en prisiones. El no tener papeles, una mera falta administrativa, llevará a la cárcel. Esto es reflejo de que será una política represiva de estigmatización y exclusión de los inmigrantes”.
Por ello, los convocantes afirmaron que la directiva supone un “insulto” a los principios de un Estado social y democrático de derecho, “ya que ignora la naturaleza y los efectos de los fenómenos migratorios y fomenta el sentimiento de inseguridad, la xenofobia y la insolidaridad”.
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