JAVIER REIGADAS

VALENCIA. «No genera ni deberes ni obligaciones, tampoco es obligatorio, sino que reconoce derechos compartidos entre el inmigrante y la población autóctona». Con esta filosofía, el consejero de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, explicó ayer, tras el pleno del Consejo, la aprobación del anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes, que aglutina un conjunto de medidas sociales de carácter transversal para la integración de los extranjeros en la Comunidad, que pretende complementar las actuaciones del Gobierno Central, siempre desde el respeto a la Constitución y en base a las competencias del nuevo Estatuto de Autonomía.

Es, tal y como recalcó Blasco, la primera iniciativa legislativa de estas características, «totalmente garantista», que se impulsa en España en armonía con las directivas de la UE que apuestan por la integración, «no sólo desde el punto de vista económico y social, sino también favoreciendo la ciudadanía y la participación» de aquellos inmigrantes no comunitarios de países con situaciones precarias y con mayor dificultad de llevar a buen puerto un proceso de integración.

«Programa de comprensión»

Con el objetivo de «favorecer la dignidad de las personas», en especial las más vulnerables y lograr la «integración efectiva», la Generalitat pondrá a disposición del inmigrante un «programa voluntario de comprensión de la sociedad valenciana que le facilite el conocimiento básico de la misma y en la manifestación de la voluntad de la persona inmigrante de seguir con aprovechamiento dicho programa».

Éste «garantiza» al inmigrante el conocimiento de los valores y reglas de convivencia democrática, de sus derechos y deberes, de la estructura política, la cultura y los idiomas oficiales de la Comunidad y de las implicaciones de la diversidad cultural. La persona que supere con aprovechamiento dicho programa recibirá un certificado acreditativo «que podrá hacer valer en sus relaciones sociales y jurídicas».

Blasco, ante la polémica generada, matizó que, al tratarse de un acto totalmente voluntario, no conlleva «consecuencias jurídicas de ningún tipo» y la no adhesión del mismo «no tiene ninguna sanción».