M. NÚÑEZ CORRESPONSAL

BRUSELAS. La aprobación por parte del Parlamento Europeo esta semana de la Directiva de Retorno de emigrantes ilegales no ha tardado en generar reacciones al otro lado del Atlántico. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, amenazó con no exportar petróleo a los países europeos que apliquen esta Directiva que, entre otras cosas, permite retener a los inmigrantes ilegales que estén en Europa hasta 18 meses antes de repatriarlos.

Además, el líder venezolano amenazó también con «revisar» las inversiones que realicen en su país las empresas europeas que pertenezcan a naciones que hayan aprobado lo que calificó de «Directiva de la Vergüenza», según informa Reuters.

Desde Bruselas el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Javier Solana, calificó de «totalmente exagerada» la reacción de Chávez. «Yo respeto lo que pueda decir el presidente Chávez pero me parece que es una declaración totalmente desproporcionada», añadió Solana.

El presidente de turno de la Unión Europea, el primer ministro esloveno, Janez Jansa, coincidió con Solana en la valoración y añadió que ésta era «fruto del desconocimiento».

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, explicó que no conocía en detalle las declaraciones de Chávez por lo que prefería aplicar la máxima prudencia pero, en todo caso, añadió, «habría que explicarle a Chávez la directiva, que ha tenido muchas interpretaciones, cosa de la que se encargará el ministro Moratinos».

Declaraciones al margen la realidad es que sólo el 2,3% del crudo que importa la Unión Europea procede de Venezuela, de modo que cualquier posible corte en el suministro tendría un impacto limitado en el abastecimiento europeo.

En materia de trabas a las inversiones de las empresas europeas, en el caso de las españolas, con las petroleras en cabeza, no sería la primera vez que ven sus actividades seriamente perturbadas tanto en ese país como en los de toda la zona.

Contrato de integración

También en materia de emigración, Zapatero explicó que las negociaciones con Francia sobre el contrato de integración para inmigrantes van por buen camino y que «se están acercando posiciones sobre el contrato de integración». Este polémico contrato obligaría a los inmigrantes a aprender la lengua del país de destino así como a respetar sus valores,

El presidente del Gobierno español aseguró que «bajo presidencia francesa estoy convencida de que llegaremos a un texto de consenso donde se contemplen los aspectos sustanciales que cada uno defendemos».

Zapatero no dio más precisiones sobre el futuro del pacto y sólo dijo que uno de los «aspectos sustanciales para el Gobierno español es no considerar relevante el contrato de integración de emigrantes que defiende el presidente del Gobierno francés».

En cuanto a las regularizaciones masivas, otro de los puntos de desacuerdo entre Madrid y París, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, aseguró que trabaja mano a mano con España, «como es costumbre».