| MADRID

España no ha endurecido su política en materia migratoria, pero sí pretende abordar el fenómeno con mayor contundencia. Quien piensa así es el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

El ex alcalde durante 14 años de L’Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, con 264.404 habitantes, de los cuales 62.832 son inmigrantes (13.301 ecuatorianos), cree que en un escenario de desaceleración económica es indispensable ofrecer a los inmigrantes la posibilidad de retornar de manera voluntaria a sus países de origen con incentivos económicos y garantizar la sostenibilidad de la prestación de servicios a la población, restringiendo las reagrupaciones familiares al núcleo familiar (cónyuge e hijos menores de 18 años) y excluir a padres y a suegros.

Corbacho pidió  reflexionar sobre este asunto para cambiar la Ley de Extranjería, porque un inmigrante llega a reagrupar hasta siete personas. En cinco años,  calcula, el número de ciudadanos que arribarían a la Península pudiera rebasar el millón. La modificación reduciría esto en un 40%.

En lo que se refiere a la propuesta de retorno voluntario a sus países para los inmigrantes que están sin trabajo, a través de la capitalización de la prestación por desempleo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaró que la iniciativa se “inspira en la misma filosofía del plan de retorno del Gobierno ecuatoriano”. Una experiencia, en su opinión, “interesante y positiva”.

Corbacho, por su parte, explicó que las 100.000 potenciales personas interesadas en acogerse a la oferta y procedentes de los países con los que han firmado convenios bilaterales de Seguridad Social, deberán encontrarse desocupadas, registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal como demandantes de un trabajo.

El Gobierno estima que se inclinarán por la iniciativa unos 15.000 inmigrantes.  En un primer momento se entregará el 40% de la prestación acumulada. Treinta días después, una vez que el ciudadano esté en su país, recibirá el resto. Paralelamente, el Ejecutivo prevé establecer una guía de acompañamiento a través de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, y con organizaciones establecidas y entidades financieras en origen para brindar asesoramiento y concesión de microcréditos para proyectos de emprendimiento.

La Abogacía del Estado estudia la propuesta para entender, por ejemplo, el procedimiento a seguir con los extranjeros nacionalizados españoles o cómo conseguir que la imposibilidad de volver en tres años no suponga una “renuncia a la movilidad del inmigrante”.

Corbacho ve indispensable que Europa disponga de una política migratoria común, pero al mismo tiempo de que España cuente con “su modelo basado en la inmigración legal, regulada y ajustada a las necesidades del mercado laboral, en la cooperación con los países de origen, en la cohesión social y  en la convivencia en igualdad de derechos y obligaciones”.

España no traspondrá a la legislación vigente las medidas de la Directiva de Retorno aprobadas en el seno del parlamento europeo, que privan de libertad a los inmigrantes indocumentados por un periodo de hasta 18 meses, porque estos elementos están “mejorados y superados por el ordenamiento español”, en palabras de Fernández de la Vega. En este marco, la única modificación tiene que ver con la ampliación de la retención en los centros de internamiento previa a la expulsión, de 40 a 60 días.

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