El Gobierno ampliará en el 2009 a 60 días el plazo máximo de internamiento de inmigrantes irregulares pendientes de expulsión. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó ayer que España no integrará a su legislación tal cual la normativa europea que permite a los países miembros privar de libertad a los sin papeles por un período de hasta dieciocho meses.

La número dos del Ejecutivo, que presidió ayer la comisión delegada del Gobierno para inmigración de la que forman parte cinco ministerios, justificó que el tiempo máximo de reclusión en los centros de internamiento para extranjeros resulta ahora insuficiente para poder tramitar los expedientes de repatriación.

Pero defendió que, aún con esta reforma, el sistema español seguirá siendo uno de los más «garantistas» de la UE. «Todos los elementos de la directiva europea – señaló – están mejorados y superados en nuestro ordenamiento».

La intención del Gobierno es acompañar esta modificación de la ley de extranjería de otra por la que se endurecerán los términos de la reagrupación familiar en la línea ya apuntada por el ministro de Inmigración, Celestino Corbacho. Se trataría de limitar este derecho al núcleo familiar exclusivamente al matrimonio y los hijos menores de edad y de conceder, además, a los vástagos de dieciséis años el permiso de trabajo.

El asunto será abordado previamente en la subcomisión parlamentaria creada en la pasada legislatura en el Congreso con escasos resultados.

El Ejecutivo confía en que el nuevo clima político y la distensión en las relaciones con el Partido Popular contribuya a fraguar un acuerdo. Su objetivo es que la ley esté aprobada a finales de este año y pueda entrar en vigor a comienzos del próximo «La lucha contra la inmigración ilegal es un objetivo de este Gobierno», remarcó la vicepresidenta.