Incluso después de ser aprobada por el Parlamento europeo, la «Directiva del Retorno» – que mantiene el límite de hasta 18 meses para retener a un inmigrante irregular mientras se preparan los trámites para su repatriación – sigue generando polémica, esta vez entre las filas socialistas. Durante la votación, el pasado miércoles, de esa iniciativa, que contó con un amplio respaldo de eurodiputados, tres socialistas españoles rompieron la disciplina de voto y no dieron su apoyo a la directiva, como sí lo hizo el resto de su grupo, junto a populares y liberales. Por eso, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, anunció ayer que el PSOE en el Parlamento europeo elaborará un informe para conocer las razones por las que los tres compañeros europarlamentarios no se pronunciaron a favor de la nueva propuesta europea de inmigración.

Alonso indicó que, hasta conocer el contenido del informe, el grupo socialista no decidirá si abre una sanción a estos eurodiputados. Se trata de Josep Borrell y Ramón Obiols, que votaron en contra, y Martí Grau, que se abstuvo.

En cualquier caso, lo que parece claro es que el Ejecutivo español no traspondrá esta directiva, como afirmó ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras constituirse la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Inmigración. De la Vega aseguró que la propuesta europea «no afecta a la legislación española», pues iba dirigida a «establecer garantías donde no las había», es decir a nueve países de la UE donde no existía un límite de internamiento de los inmigrantes. No es la situación de España.

«Fracaso en inmigración»

La vicepresidenta también confirmó que en las reformas previstas por el Gobierno para la Ley de Extranjería se prevé limitar la reagrupación familiar de los extranjeros a su cónyuge e hijos menores, como adelantó ABC. Pero esta iniciativa no contará con el total respaldo del PP en su trámite parlamentario. De hecho, esta formación política presentó ayer en el Congreso una proposición no de ley para modificar la figura de la reagrupación familiar. Frente a la fórmula socialista, el PP propone «eliminar que los ascendientes reagrupados puedan ejercer el derecho a la reagrupación familiar, pues el reagrupamiento en cadena es un fraude de ley», como explicó el portavoz popular de Inmigración, Rafael Hernando.

Las reformas en la Ley de Extranjería, que el Ejecutivo pretende aprobar a finales de año, son para los populares un síntoma del «fracaso de la política de inmigración del Gobierno durante la anterior legislatura, basada en papeles para todos. Ahora no se puede pasar a una especie de maletas para todos», dice Hernando. Y es que el Ejecutivo pretende incentivar el retorno de los extranjeros que tengan derecho a paro, mediante la acumulación de la prestación por desempleo, que recibirían en dos pagas. «Pero no es coherente porque afectará a los inmigrantes que lleven más de seis años en España y están totalmente integrados. El retorno se tiene que favorecer entre los ilegales y los legales en situación de precariedad», dice Hernando.

Tampoco ampliar de 40 a 60 días el plazo máximo de retención de un extranjero para dar más tiempo al proceso de repatriación, como quiere el Gobierno, convence al PP. Hernando considera que son suficientes los 40 días actuales «y que sólo en casos excepcionales se podría ampliar a 70».