Las protestas han llegado desde todos los sectores sociales: oenegés, sindicatos mayoritarios o partidos políticos. Ahora, serán los propios afectados los que muestren su rechazo a la nueva directiva europea que aumenta los tiempos de retención de los inmigrantes ilegales en centros de internamiento, aprobada el pasado miércoles.

La plaza de la Virgen de Valencia será el escenario de la concentración, convocada por la Red Estatal por los Derechos de la Inmigrantes (Redi) y en la que participarán hasta ocho colectivos diferentes, entre ellos Rumiñahui, Cear, Mesa de Entidades, Casa Chile o Asamblea Baobab, tal y como explicó ayer Ángela Pedraza, representante de Redi en Valencia.

La ley europea, rebautizada como “directiva de la vergüenza”, en palabras de Pedraza, establece que los inmigrantes sin papeles pueden ser retenidos entre 6 y 18 meses antes de tramitarse su expulsión y que los afectados por esta medida tienen prohibido pisar suelo europeo, es decir, los países de la Unión, durante cinco años. Durante la convocatoria de la protesta se criticó que la normativa equipare el no tener papeles con un delito, cuando en realidad se trata de una infracción administrativa.

Salvador De la Cruz, representante de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), lamentó que la directiva no garantice el derecho al asilo, ya que aquellos que hayan sido expulsados no podrán solicitar “ni siquiera protección internacional” durante los cinco años que establece la normativa. Además, criticó que permita retener a aquellos menores indocumentados y no acompañados.

La convocatoria de la protesta también sirvió para pedir la supresión de los centros de internamiento, que ayer fueron comparados con campos de concentración. Además, estará secundada por otras movilizaciones en Madrid, Barcelona, Málaga o Bilbao.

La manifestación también servirá para mostrar el rechazo de las asociaciones al contrato de integración que propone el conseller Rafael Blasco. Ayer, desde Rumiñahui se refirieron al documento como “una cortina de humo para tapar la falta de inversión en proyectos de integración”. Además, una de las críticas de Cear respecto a la directiva europea se refería a las votaciones a favor de la mayoría de eurodiputados socialistas españoles. De hecho, entre ellos estaban algunos pertenecientes al PSPV, como Maruja Sornosa o Vicent Garcés.

Las críticas a la nueva directiva europea también han arreciado entre los inmigrantes residentes en la Comunitat.



Marila Llerena

Ecuatoriana, vecina de Valencia

“Es un ataque brutal”

“Es un puñetazo a la inmigración, el ataque más brutal que una cabeza puede concebir. Los inmigrantes aportamos al desarrollo de Europa, y ahora se nos utiliza como moneda de cambio. En cambio, cuando se necesita mano de obra barata se acuerdan de que somos inmigrantes”, explica esta vecina de la capital, que lleva diez años en Valencia. También se muestra contrariada cuando se le pregunta por el contrato de integración. “Es un pensamiento descabellado. Yo mantengo mis costumbres y sé cocinar una paella. No es incompatible. Además, si el conseller dice que no se va a obligar a la gente, ¿por qué lo plantea?”, concluye.



bughaleb mimi

Marroquí, vecino de Valencia

“Va contra otras normas”

“La directiva de la vergüenza, como la hemos llamado, pisotea los derechos fundamentales de las personas. Supone el encarcelamiento, pues los centros de internamiento son como prisiones, o incluso peor. Se les puede mantener hasta 18 meses sin haber cometido delito alguno, sólo por tener el pasaporte de un país y estar en otro. Además, permite la expulsión de menores no acompañados a países distintos. Es una normativa que va en contra de las anteriores directivas sobre derechos humanos y contra el convenio del Menor de Naciones Unidas”.



hernán constante

Ecuatoriano, vecino de Valencia

“Es vergonzoso”

“Es vergonzoso que se hable tanto de derechos humanos y libertades y se aprueben una serie de medidas que equiparan la inmigración con la delincuencia. Se considera al inmigrante como un instrumento de trabajo, más que como un ente social de participación que tiene una vida digna”, señala. También critica el compromiso que promueve la Conselleria. “Es un desarrollo de esta propuesta de la UE. Es una limitación de las manifestaciones culturales del inmigrante, en lugar de una actuación de integración”.