Latinoamérica censuróayer de forma unánime la directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada por el Parlamento Europeo, que algunos gobiernos calificaron de «vergonzosa», porque viola el derecho a la libre circulación y equipara a los afectados con criminales.

«Es una vergüenza lo que ha hecho Europa», denunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse al proyecto aprobado en la Eurocámara que prevé, entre otras medidas, el internamiento de los inmigrantes ilegales por un máximo de seis meses antes de su expulsión, período que puede extenderse por otros doce en casos excepcionales. «¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?», se preguntó el mandatario.

La norma, que recibió el visto bueno de los Gobiernos de los veintisiete países de la Unión Europea (UE), entrará en vigor dos años después de su publicación oficial.

El vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, afirmó que el Gobierno de su país estudiará los alcances de la directriz para decidir cómo enfrentarla «de manera legal».Hace algunos días, el presidente boliviano, Evo Morales, había bautizado el proyecto de la UE como la «directiva de la vergüenza» y planteó incluso la posibilidad de exigir visado a los europeos en reciprocidad. El Senado de Uruguay también rechazó la norma comunitaria, anunció que llevará a las Naciones Unidas su repudio e invitó a los Parlamentos y Gobiernos latinoamericanos a «tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional». El documento del Senado uruguayo subraya que la decisión europea «constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional».

Al rechazo se sumaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y varias ONG latinoamericanas que calificaron la norma como un «escándalo» y una «verdadera declaración de guerra» contra los inmigrantes. También el presidente de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi, Javier Galparsoro aseguró que «siente pena y vergüenza» ante la directiva de retorno.

Mientras tanto, El Gobierno español ampliará en 2009 a sesenta días el plazo máximo de internamiento de inmigrantes irregulares pendientes de expulsión.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó ayer que España no integrará a su legislación tal cual la normativa europea. La número dos del Ejecutivo, que presidió la comisión delegada del Gobierno para inmigración de la que forman parte cinco ministerios, justificó que el tiempo máximo de reclusión en los centros de internamiento para extranjeros resulta ahora insuficiente para poder tramitar los expedientes de repatriación.

El portavoz de Inmigración del PP en el Congreso, Rafael Hernando, señaló que las reformas de la Ley de Extranjería que pretende impulsar el Gobierno pretender pasar del «papeles para todos» de la pasada legislatura al «maletas para todos». También, Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, criticó el texto aprobado y criticó el «enstusiasta respaldo» dado a los eurodiputados socialistas.

Desde el País Vasco, el tripartito (PNV, EA y EB) presentó ayer una proposición no de ley en el Parlamento Vasco en la que propone pedir a todas las instituciones vascas «que hagan pública su negativa a secundar la directiva de retorno», declarando a Euskadi como «Comunidad libre de la práctica del racismo y la xenofobia». AGENCIAS