No ha pasado desapercibido el viraje del Gobierno en su discurso sobre inmigración esta legislatura. El apoyo de la mayoría de los eurodiputados socialistas a la directiva comunitaria para la repatriación de sin papeles responde a la nueva orientación que Moncloa e Interior van a dar a esta política. Y no cabe sino alegrarse de que el Gobierno esté dispuesto a rectificar al fin y a abandonar el limbo buenista que ha servido de efecto llamada.

No nos cabe duda de que al conjunto de la sociedad española le habría parecido razonable una reforma de la normativa sobre los plazos de retención de los sin papeles hace dos o tres veranos, coincidiendo con la desbordante y dramática llegada de miles de inmigrantes en cayucos a nuestras costas. Entonces, por miopía partidista se obvió la cuestión. Ahora, el ministro Corbacho busca un acuerdo con el PP para reformar la Ley de Extranjería y ampliar el plazo de detención de indocumentados de 40 a 60 días, para facilitar la repatriación. Asimismo, es acertado excluir del núcleo familiar con derecho a la reagrupación a los ascendientes, porque lo contrario supone una carga insoportable a nuestro sistema sanitario y de seguridad social.

La directiva aprobada por la Eurocámara va mucho más allá, al permitir retener hasta un máximo de 18 meses a los sin papeles, mientras son devueltos a sus países. El plazo ofrece un margen de discrecionalidad exagerado. Dos meses, extensibles a tres, parece suficiente. Pero más allá de la controversia, se comprende a quienes han apoyado el texto para lograr que toda la UE tenga unas garantías mínimas y una homogeneidad legal.

Porque lo que subyace es una cuestión de principio. Hay quienes creen que deben quedarse tantas personas como lleguen a cualquier país, al margen de cómo lo hagan. Pero la postura que nos parece acertada y realista es la que defiende incentivar los flujos migratorios legales, con contrato de trabajo y atendiendo a las reglas que permitan la convivencia de todos. Y para ello hacen falta leyes contra la inmigración ilegal y mecanismos de repatriación efectivos. Y no lo es, por insuficiente, el plazo de 40 días que fija nuestra normativa, dado que se trata de un procedimiento muy complejo, que conlleva tanto pesquisas policiales como acciones diplomáticas, en ausencia de colaboración, o incluso con entorpecimiento, de los implicados.