Restringirá las reagrupaciones familiares y subirá a 60 días el plazo de retención de los ‘irregulares’ – De la Vega anuncia la reapertura de la Subcomisión de Inmigración en el Congreso y el PP lo rechaza La Ley de Extranjería se volverá a cambiar, por quinta vez en menos de 10 años. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya hizo algunos retoques en 2005, para iniciar su controvertido proceso extraordinario de regularización. Ahora va a volver a repasar la norma, pero en sentido contrario: ya no se trata de legalizar a los que no tienen papeles, sino de dejar que estén sólo los que disfrutan de un contrato de trabajo. La crisis económica y el rumbo restrictivo que ha adoptado la UE en su política migratoria obligan a ello.

Los trabajos para emprender esta nueva reforma legal comenzaron ayer, con la primera reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Políticas de Inmigración, una de las comisiones creadas durante esta legislatura para resolver los principales quebraderos de cabeza de los ciudadanos y en la que participan hasta seis ministerios.

Al término del encuentro compareció la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para proclamar, primero, que «nuestra política de inmigración es un modelo para muchos países» y para anunciar, después, una reforma «limitada» y «concreta» que estará lista para ser estudiada en el Congreso «antes de final de año».

De la Vega aseguró que no hará falta trasponer la Directiva Retorno a la nueva Ley de Extranjería, pero en el texto español sí se cambiará uno de los aspectos más cuestionados de la citada norma europea: la ampliación del plazo máximo de retención de los inmigrantes irregulares hasta que se formaliza su repatriación.

«Es muchísimo»

La vicepresidenta reconoció que el máximo de 18 meses fijado en Europa «sigue siendo un plazo muy largo» («es muchísimo», dijo también Zapatero a RNE), pero confirmó oficialmente que los tiempos españoles se ampliarán de 40 a 60 días. El Gobierno considera «insuficientes» los actuales 40 días, sobre todo porque, si los tramites de repatriación no concluyen durante ese periodo, lo indocumentados quedan libres y es imposible devolverlos a su país.

«Vamos a seguir estando entre los países de la UE con más garantías y con un plazo más breve de internamiento», aseguró, para tranquilizar a los que denuncian que esta medida supone tener más tiempo encerrado a un sin papeles que a un delincuente extranjero al que van a extraditar.

El segundo de los cambios que se incluirán en la nueva ley será para restringir las reagrupaciones familiares al núcleo más básico; es decir, matrimonio e hijos menores. Hasta ahora los inmigrantes podían traer también a padres y suegros, lo que hacía que estos invitaran a su vez a sus propios parientes. 128.161 inmigrantes no comunitarios obtuvieron la regulación en 2007 a través de este sistema, según Europa Press.

«Para poder seguir asegurando que todos los trabajadores disfruten de las prestaciones del Estado, hay que delimitar la reagrupación familiar», dijo De la Vega. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, pretende con el nuevo procedimiento reducir en un 40% la llegada de nuevos inmigrantes en los próximos cinco años.

La intención del Gobierno es que en esta nueva ley – en la que no se recogerá el derecho al voto de los extranjeros – haya el «máximo consenso». Para ello, De la Vega anunció que va a pedir al Grupo Parlamentario Socialista que «promueva reactivar» la Subcomisión de Inmigración que se creó durante la pasada legislatura para que sea en este marco donde se debata la futura ley.

El PP rechazó ayer formar parte de la futura Subcomisión y recordó que la anterior «fue un fracaso» y se cerró «sin acuerdo». «Que no cuenten con nosotros. Ya nos torearon entonces y no nos van a torear también este año», dijo el portavoz popular de Inmigración, Rafael Hernando.

Las diferencias de enfoque no acaban ahí. El grupo del PSOE en el Parlamento Europeo elaborará un informe para conocer las razones por las que tres de sus parlamentarios (Josep Borrell, Raimon Obiols y Martí Grau) no votaron a favor de la Directiva Retorno, como hicieron sus compañeros, según Agustín Yanel. La vicepresidenta aseguró que la postura de los socialistas en la UE, al respaldar la que muchos llaman la directiva de la vergüenza, es «coherente» con lo que defiende el Gobierno español. Se trata, según el Ejecutivo, de poner más garantías donde antes no existían.

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LAS MODIFICACIONES EN LA NORMA

1. Aumentar las retenciones. Se ampliará de 40 a 60 días el máximo que los ‘sin papeles’ pueden estar retenidos mientras se tramita su repatriación.

2. Limitar las reagrupaciones. Los inmigrantes sólo podrán traer a sus cónyuges y a sus hijos menores. Antes podían agrupar también a sus padres y suegros. 3. Adaptarse al TC. El Constitucional echó por tierra parte de la anterior ley. Tendrá que reconocer a los inmigrantes el derecho a reunirse, asociarse, sindicarse y tener un abogado.

4. Adaptarse a la UE. Se traspondrán algunas directivas que implementan derechos, aunque no la Directiva Retorno.