Con la cabeza agachada y balbuceando en un español bastante pasable, el refugiado iraquí Abdul Khalik enumeraba ayer el triste destino de su pueblo: «Hay un millón de iraquíes en Siria, casi 700.000 en Jordania… A España no llegan demasiados, pero hay que ayudar a la gente a que consiga un futuro más seguro».

Khalik le puso rostro a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que presentaba su informe anual, en el que analiza la situación de los 40 millones de personas que van sin destino seguro por el mundo «en el contexto de una grave crisis del derecho de asilo en la UE y en España».

Lo cierto es que las 264 páginas del estudio (que ya va por su sexta edición) nos sacan los colores. Nuestro país es uno de los más restrictivos del mundo en esta cuestión. En 2007, el Gobierno rechazó 97 de cada 100 peticiones de asilo político. En otras palabras: sólo el 3,14% de los desplazados (poco más de 200 personas) logra salir adelante en nuestro país.

Hay un caso claro: ningún iraquí de los 1.500 que el año pasado pidieron asilo en España por la vía diplomática lo logró. «Esta puerta de acceso está cerrada», denunció Ignacio Díaz de Aguilar, presidente de CEAR. Los iraquíes y los colombianos son los que más lo intentan, pero también los que lo tienen más crudo. Según la ONG, es más fácil obtener el asilo llegando en patera que por la vía diplomática.

«La Administración española eleva el nivel de prueba hasta un punto que es imposible acreditar nada», aseguró Díaz de Aguilar.

En la víspera del Día Mundial del Refugiado, CEAR aprovechó también para interpretar la Directiva Retorno – «La conclusión de esta norma es que a las mujeres violadas, niños, ancianos o torturados se les puede encarcelar» – y enviarle un mensaje al Gobierno: «Ultimamente, el derecho de acceso se ha limitado mucho en España. Nos parece muy mal lo que se ha hecho con la reagrupación familiar».