¡Qué espectáculo más inapropiado para los niños! De nuevo las páginas de los periódicos rebosan de ilegalidad y de ilegales. Y es que los socialdemócratas han cambiado de planes políticos, y para eso están las palabras. Confío en que alguien la recuerde: hubo una época en que los inmigrantes eran, como malo, irregulares. Se argumentaba agudamente que los inmigrantes eran personas. De lo que se seguía que no podía haber personas ilegales. Se alzaba la voz, deletreándola (son especialistas en el deletéreo deletreo), para instruir al pueblo acerca de las «situaciones irregulares»: así llamadas porque el inmigrante sin papeles sólo era responsable de una infracción administrativa a la que le sobraba corte ilegal por todos lados. Era la época en que sólo el ufanamente llamado diálogo social entre el Gobierno y las organizaciones civiles podía determinar legítimamente las medidas sobre inmigración. ¿Cuándo, esa época? Quia, época. Nuestra época. Hace un par de días. Cuando el presidente Zapatero vertía sobre la cara perpleja de Rajoy, en sus debates electorales, la lava de la xenofobia y luego le amenazaba blandiendo un Libro Blanco, ¿lo recuerdan?, donde se leía que la inmigración irregular aún podía y debía abordarse, en algunos casos, mediante la regularización, «ateniendo al arraigo social, el arraigo laboral y los demás supuestos». Todos esos supuestos que, según esa directiva de la vergüenza aprobada anteayer en el Parlamento europeo (sólo tres socialdemócratas españoles, Josep Borrell, Raimon Obiols y Martí Grau no la apoyaron), permitirá separar a los inmigrantes de sus hijos o encarcelarlos durante meses antes de expulsarlos. Una serie de medidas que diseñan la asombrosa evidencia moral de que ser inmigrante puede ser un delito. Vuelve la palabra ilegal porque ni siquiera un socialdemócrata podría soportar sin un plus de cinismo sonámbulo que esas medidas pudieran aplicarse a simples irregulares. ¿Cómo la irregularidad iba a castigarse con la cárcel? No es preciso añadir que irregular e ilegal designan antes y ahora el mismo acto; sólo que ahora necesita el socialdemócrata una palabra que le laxe.

En cualquier caso todas estas medidas, y las que vendrán, tienen la virtud de desnudar de retórica buenista la relación puramente mercantil entre los emigrantes y eso que todavía tendrán la desvergüenza de seguir llamando «países de acogida». Un país es la propiedad privada de sus bien nacidos y violar una propiedad privada es un delito. Por lo tanto, y en aras de la verdad y de sus atributos, mejor que el bambi haya mutado y el tradicional aviso (¡Cuidado con el perro!) cuelgue amenazante e inequívoco de las alambradas.

(Coda: «El ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, dijo que la directiva ‘protege a los inmigrantes ilegales’». EL MUNDO, 19 de junio de 2008.)