estrsburgo. El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, la polémica norma que armoniza los procedimientos de repatriación de los inmigrantes. Su apartado más polémico es el que permite a los Estados retener a los inmigrantes a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses.

La directiva recibió el apoyo mayoritario del grupo popular europeo, incluida la delegación española, y de los liberales. La escepción entre los socialistas la marcó la delegación española, que votó a favor pese al rechazo de sus enmiendas junto a un puñado de socialistas alemanes. Así, los socialistas españoles votaron a favor de la directiva menos los eurodiputados Josep Borrell y Raimon Obiols, que votaron en contra, y Martí Grau i Segú que se abstuvo.

En nombre del PSE, la vicepresidenta de la cámara Martine Roure restó importancia a la división dentro del grupo socialista y aseguró entender la postura de sus compañeros que votaron a favor porque creían que aprobar ese texto “era mejor que no tener nada”.

El visto bueno de la Eurocámara supone el punto y final de la tramitación de la directiva. Una vez que se publique en el Boletín Oficial de la UE, los Estados miembros tienen dos años para introducirla en sus respectivas legislaciones nacionales. Además, tendrán un año adicional para prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes inmersos en un procedimiento de expulsión.

El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos. Por ejemplo, en estos momentos, nueve países (Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia) no contemplan ningún límite para la retención de inmigrantes.

Estos Estados se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si hay una falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países. A España no le afectaría este límite porque en la actualidad el periodo máximo de retención es de 40 días y la directiva de retorno no le obliga a ampliarlo, aunque el Gobierno ha anunciado que pretende hacerlo.

Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.