El buen tiempo y estado de la mar han dado el pistoletazo de salida a los cayucos que tienen como destino el Archipiélago canario en las rutas de la inmigración irregular. Las Islas han recibido en esta semana un mínimo de dos embarcaciones por día con el escalofriante dato de un total de 50 posibles menores inmigrantes no acompañados en sólo tres días.
Sólo en la madrugada del martes fueron localizados 25 posibles menores de edad en dos cayucos que llegaron a Gran Canaria. En la primera embarcación viajaban 62 personas, diez de ellas posibles menores. En la segunda fueron detenidos 77 personas, 15 serán sometidas a la prueba ósea para conocer su edad. Estos 25 se suman a otros 16 que arribaron en tres embarcaciones. Tres llegaron a La Gomera, cinco a Tenerife y otros ocho a la misma Isla. Además, ayer por la tarde arribó un cayuco a El Hierro con otros 6 jóvenes y tres más en Tenerife en otra embarcación.
En los 18 días de este mes de junio han llegado a Canarias un total de 66 menores de edad lo que sigue complicando la situación de los centros de acogida instalados por el Gobierno de Canarias. El Ejecutivo regional ya ha advertido que la situación de los centros de menores inmigrantes no acompañados es de «emergencia» y que Canarias no puede seguir asumiendo más llegadas sin el apoyo de la Administración estatal a pesar de que los niños sean una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
En estos momentos, el Gobierno de Canarias acoge a más de 1.200 jóvenes inmigrantes. 600 de ellos se encuentran en centros de emergencia a la espera de ser enviados a otras Comunidades Autónomas mediante convenios que desarrolla la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda con distintas ONG peninsulares.
La consejera de Bienestar Social ha reiterado en muchas ocasiones que Canarias no podrá aguantar la continua llegada de menores ya que carece de recursos para ello y así se lo ha trasladado al ministro de Inmigración.
De cualquier forma, aún hay que esperar a los resultados de las pruebas óseas para determinar si efectivamente son menores de edad. Precisamente el Ejecutivo regional denuncia que estas pruebas tienen un margen de error de al menos seis meses.