El Parlamento Europeo aprobó durante la sesión de ayer la directiva de retorno de los inmigrantes ilegales, que prevé internarles por un período máximo de hasta 18 meses en casos excepcionales. El texto salió adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, los liberales y la derecha nacionalista.

 El Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer sin cambios el proyecto de directiva de retorno de inmigrantes que llegan de manera ilegal a los países europeos. Mediante esta directiva se establece un internamiento de hasta 18 meses en casos excepcionales.

El texto recibió 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, y salió adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, los liberales y la derecha nacionalista, que no aceptaron ninguna de las enmiendas planteadas por los grupos de izquierda.

La norma comunitaria, que ya ha recibido el visto bueno de los gobiernos de los 27 países que integran la Unión Europea (UE), entrará en vigor dos años después de su publicación oficial.

La votación de ayer escenificó de nuevo la fractura existente en la Eurocámara respecto al texto, que para algunos grupos supone un progreso y un marco para salvaguardar los derechos de los inmigrantes, mientras que para otros las garantías que ofrece son insuficientes.

indefinida. El compromiso de los países respaldado por el PE establece un período de retorno voluntario para los inmigrantes que llegan de forma ilegal de entre 7 y 30 días.

También prevé que estas personas puedan ser internadas un máximo de seis meses antes de su expulsión, período que puede extenderse por otros doce en los casos en que no coopere en su identificación o haya problemas para obtener la documentación de países terceros.

Nueve países pertenecientes a la Unión Europea – Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda – no tienen hoy en día ningún período máximo de retención de las personas que carecen de documentación, por lo que éstas pueden estar internadas de forma indefinida.

Además, la directiva establece para las personas que reciban una orden de expulsión una prohibición de retorno a la Unión Europea de hasta cinco años.

Mientras, la asistencia jurídica será gratuita según estipulen las leyes nacionales de cada estado miembro, y la ayuda gratuita en las apelaciones a las decisiones de expulsión sólo se dará cuando haya posibilidades reales de éxito y tendría límites de tiempo y de cantidad económica.