Tal y como era previsible, el Parlamento europeo decidió ayer no plantar cara a los acuerdos de los Gobiernos europeos contra la inmigración ilegal, consciente, de que la mayor parte de la opinión pública europea no le iba a apoyar probablemente en esta batalla, y dio su visto bueno en primera lectura a la directiva de retorno para el tratamiento de la inmigración ilegal por una muy amplia mayoría palamentaria.

Se trata de un tema mayor, que ha provocado reacciones adversas en diversos entornos, tanto de izquierda como de derecha, identificados unos y otros con los problemas de los ilegales. No era, sólo, la bandera de una cierta progresía sino de infinidad de pequeñas comunidades de apoyo que ayudan a los ilegales a integrarse en nuestras sociedades, desde posiciones ideológicas o religiosas muy distantes.

La Eurocámara no dudó: 369 votos a favor y 197 en contra, con 106 abstenciones, avalaron el acuerdo logrado por los ministros de Interior y Justicia de la UE con una representación restringida del Parlamento el pasado día 5, después de varios meses de transacciones en el seno del Comité de Representantes Permanentes, Coreper.

A favor de la Directiva de Retorno votó la mayor parte de los representantes populares y los conservadores de la Eurocámara, principal formación política de la institución por número de escaños.

Los socialistas, que le siguen como segundo grupo, votaron divididos: los españoles se declararon a favor de la propuesta con tres excepciones: los votos en contra de Josep Borrell y Raimon Obiols y la abstención de Martí Grau.

También se abstuvo el eurodiputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Josu Ortuondo, que se encuentra adscrito actualmente al grupo de los liberales, después del periplo del PNV por el PPE, primero, y los Verdes después.

Los socialistas españoles desatendieron la disciplina de voto del PSE (Partido Socialista Europeo), que pedía el “no”, significando con ello el giro de 180 grados que ha dado el Gobierno de Rodríguez Zapatero en cuestiones de inmigración.

Javier Moreno (PSE), que forma parte de la Comisión de Libertades de la Eurocámara, y que la víspera había reclamado una suavización de la Directiva, terminó votando a favor después de que quedara descartada cualquier posibilidad de incorporar enmiendas al proyecto legal.

Su argumento fue que la directiva crea un marco jurídico armonizado que permitirá crear una política común para la inmigración en la Unión Europea. Se trata, este, de un objetivo estratégico del Gobierno.

La mayoría parlamentaria favorable a la Directiva logró evitar la inclusión de enmiendas al texto, que hubieran forzado un nuevo debate en el Consejo provocando retrasos en la aprobación de la directiva que la presidencia eslovena de la UE cifraba la víspera en tres años.

La Comisión europea reaccionó al acuerdo por boca de su vicepresidente, Jacques Barrot.

Tras tomar nota de la decisión parlamentaria, Barrot manifestó que “los Estados miembros gestionaban de manera muy diferente hasta ahora las decisiones y los procedimientos de repatriación, lo que podía atentar contra la dignidad de las personas. Un marco jurídico (común) era, por lo tanto, indispensable. El texto aprobado ofrece ciertas garantías comunes para la puesta en aplicación de medidas de alejamiento (expulsión de ilegales), permitiendo al tiempo a los Estados miembros el mantenimiento o la puesta a punto de regímenes más protectores (…)”

El voto del Parlamento marca una primera etapa en el camino que la UE debe recorrer “para dotarse de medios efectivos con los que gestionar de manera concertada, solidaria y humana la inmigración ilegal”.

Los planteamientos de Barrot eran compartidos por Manfred Weber, el ponente parlamentario del informe sobre la Directiva que pactó con el consejo los términos de la posición común: “hemos definido un buen equilibrio entre las políticas de repatriación estrictas y los estándares humanitarios para con los inmigrantes ilegales”, decía en un comunicado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, declaró anoche en Bogotá que el proyecto de directiva ordena y brinda un marco jurídico, y pidió no dar al texto una lectura negativa. El ministro español explicó que “la directiva de retorno es una directiva garantista de los derechos, es una directiva que protege a los inmigrantes ilegales”.


“Aberrante”

Sectores de izquierda de la Eurocámara juzgaron la decisión del Parlamento de “aberrante”. La calificó así el socialista italiano Claudio Fava, criticando el periodo máximo de 18 meses de detención de ilegales.

Willy Meyer (IU), emitió por su parte un comunicado en el que califica el acuerdo de “verdadera vergüenza para Europa (pues) con esta Directiva se pretende deportar a 8 millones de personas bajo la figura de la detención administrativa”.

Los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para trasponer la a sus ordenamientos la directiva adoptada en el Parlamento Europeo, después de que esta sea publicada en el diario oficial.