DV. Tal y como era previsible, el Parlamento Europeo decidió ayer no plantar cara a los acuerdos de los gobiernos comunitarios contra la inmigración ilegal, consciente de que la mayor parte de la opinión pública continental no le iba a apoyar probablemente en esta batalla, y dio su visto bueno en primera lectura a la Directiva de Retorno para el control de los ‘sin papeles’ por una muy amplia mayoría.

Se trata de un tema mayor, que ha provocado reacciones adversas en diversos entornos, tanto de izquierda como de derecha, identificados unos y otros con los problemas de los ‘ilegales’. No era, sólo, la bandera de una cierta progresía sino de infinidad de pequeñas comunidades de apoyo que ayudan a los ilegales a integrarse en nuestras sociedades, desde posiciones ideológicas o religiosas muy distantes.

La Eurocámara no dudó: 369 votos a favor y 197 en contra, con 106 abstenciones, avalaron el acuerdo logrado por los ministros de Interior y Justicia de los Veintisiete con una representación restringida del Parlamento el pasado día 5, después de varios meses de transacciones en el seno del Comité de representantes permanentes (Coreper).

A favor de la Directiva de Retorno votó la mayor parte de los populares y los conservadores de la Eurocámara, principal formación política de la institución por número de escaños. Los socialistas, que le siguen como segundo grupo, se posicionaron divididos: los españoles se declararon a favor de la propuesta con tres excepciones: el voto en contra de Josep Borrell y Raimon Obiols y la abstención de Martí Grau. También se abstuvo el eurodiputado del PNV, Josu Ortuondo, que se encuentra adscrito actualmente al grupo de los liberales, después del periplo del PNV por el PPE, primero, y los Verdes después.

Los socialistas españoles desatendieron la disciplina de voto del PSE (Partido Socialista Europeo), que pedía el ‘no’, significando con ello el giro de 180 grados que ha dado el Gobierno de Rodríguez Zapatero en cuestiones de inmigración.

Objetivo estratégico

Javier Moreno (PSE), que forma parte de la comisión de libertades de la Eurocámara, y que la víspera había reclamado una suavización de la directiva, terminó votando a favor después de que quedara descartada cualquier posibilidad de incorporar enmiendas al proyecto legal. Su argumento fue que la normativa crea un marco jurídico armonizado que permitirá crear una política común para la inmigración en la UE. Se trata de un objetivo estratégico del Gobierno.

La mayoría parlamentaria favorable a la directiva logró evitar la inclusión de enmiendas al texto, que hubieran forzado un nuevo debate en el Consejo provocando retrasos en la aprobación de la norma que la presidencia eslovena de la UE cifraba, el pasado martes, en tres años.

La Comisión Europea reaccionó al acuerdo por boca de su vicepresidente, Jacques Barrot. Tras tomar nota de la decisión parlamentaria, Barrot manifestó que «los Estados miembros gestionaban de manera muy diferente hasta ahora las decisiones y los procedimientos de repatriación, lo que podía atentar contra la dignidad de las personas. Un marco jurídico (común) era, por lo tanto, indispensable. El texto aprobado ofrece ciertas garantías comunes para la puesta en aplicación de medidas de alejamiento (expulsión de ‘ilegales’), permitiendo al tiempo el mantenimiento o la puesta a punto de regimenes más protectores (…). El voto del Parlamento parca una primera etapa en el camino que la Unión debe recorrer para dotarse de medios efectivos con los que gestionar de manera concertada, solidaria y humana la inmigración ilegal».

Los planteamientos de Barrot eran compartidos por Manfred Weber, el ponente parlamentario del informe sobre la directiva que pactó con el Consejo los términos de la posición común: «Hemos definido un buen equilibrio entre las políticas de repatriación estrictas y los estándares humanitarios para con los inmigrantes ilegales», decía en un comunicado.

Los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para trasponer a sus ordenamientos nacionales la Directiva de Retorno ayer adoptada en la Eurocámara, después de que ésta sea publicada en el diario oficial de la cámara comunitaria.