Numerosas voces se pronunciaron ayer en contra del ordenamiento que regula la expulsión de los ‘sin papeles’ aprobada por la Eurocámara. Grupos de la izquierda, sindicatos y varias organizaciones no gubernamentales la criticaron abiertamente por entender que no ofrece suficientes garantías para los derechos de los indocumentados. Pero sin duda fue la asociación de Jueces para la Democracia la que puso el dedo en la llaga al asegurar que la nueva directiva pone en práctica de hecho un nuevo modelo de derecho penal de carácter administrativo, con «escasísimas posibilidades de control judicial».

Según estos magistrados el modelo es «especialmente perverso, por su carácter de encubierto, dirigido en específico a los inmigrantes irregulares. Se potencia la posibilidad de un poder administrativo exorbitante y autónomo con escasísimas posibilidades de control judicial real y efectivo», recogía un comunicado.

Por su parte, el eurodiputado socialista italiano Claudio Fava tachó de «aberración» que tanto los gobiernos europeos como una mayoría del Parlamento comunitario hayan respaldado una norma que permite la retención de los irregulares hasta un máximo de dieciocho meses. Su colega español de Izquierda Unida Willy Meyer se declaró «avergonzado» ante la aprobación.

Tampoco se quedó atrás la Confederación Europea de Sindicatos que considera que algunas disposiciones de la norma son contrarias a los derechos fundamentales y calificó de «inaceptables» los periodos de detención establecidos, la prohibición de retorno y la deportación a países distintos al de origen.

Y la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional se mostró «profundamente decepcionada», pues el texto adoptado por el Parlamento comunitario «no garantiza el retorno de los inmigrantes en situación irregular en condiciones de seguridad y dignidad».