Inmigrante enfermo de tuberculosis y sin tratamiento médico. Es una de las denuncias de ONG con las que se encontró el Defensor del Pueblo antes de investigar por sorpresa al Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de La Piñera (Algeciras). Según ésta, al hombre le diagnosticaron la enfermedad en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y dejó de recibir tratamiento al ingresar en Algeciras. Su informe médico también se quedó por el camino. El centro, como los otros ocho que hay en España (con unas 2.500 plazas), es un lugar opaco a la luz pública donde se interna a los sin papeles a la espera de ser devueltos a sus países durante un periodo máximo de 40 días, que el Gobierno ha anunciado que aumentará a cerca de dos meses.El discurso oficial alega que hay Estados (destacan algunos asiáticos y africanos) que ponen problemas para documentar y reconocer como propios a los retenidos. “Muchas veces pasan los 40 días y no se ha conseguido cerrar la expulsión”, explica el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Entonces, quedan libres.

Pero las críticas a los CIE no sólo apuntan a la duración, sino también a las condiciones de internamiento. “No son delincuentes, sólo han cometido una falta administrativa no mucho más grave que una infracción al volante. Legalmente, sólo se les puede privar de la libertad deambulatoria”, critica Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), última institución en dar un tirón de orejas al Ministerio.

Pero todas las fuentes consultadas reconocen que las condiciones de retención en España han mejorado en los últimos años. Desde 1985 (cuando en vigor la primera Ley de Extranjería) hasta 2006, los sin papeles en España podían permanecer encerrados durante semanas, entre otros, en sótanos oscuros de cuarteles policiales, como el de La Verneda (Barcelona), que dejó de utilizarse para tal fin en 2006. Ahora, las retenciones de más de 72 horas por estar en situación irregular sólo se realizan en los CIE, salvo que estén desbordados.Entonces, se buscan dependencias alternativas, como las de la Isla de Las Palomas, en Tarifa (Cádiz), que han llegado a albergar a 200 personas. Estos nuevos centros no están equipados para funcionar como zonas de internamiento y el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, critica su utilización permanente en zonas como Valencia, Almería y Canarias.

En algunos CIE, como las antiguas cárceles de La Piñera y Barranco Seco (sedes actuales de los CIE de Algeciras y Las Palmas), los inmigrantes siguen durmiendo en las mismas celdas donde años atrás lo hacían los reclusos, con letrinas en algunos dormitorios y segregados por sexo.

El Gobierno evita llamar prisiones a los CIE igual que en economía se sacude los términos crisis o desaceleración, pero los muros de cemento, los sensores de movimiento en las vallas, las proliferación de rejas y las redes de espino no ayudan a aliviar el sentimiento carcelario. En su informe anual 2007, el Defensor del Pueblo aconseja minimizar estas medidas de seguridad por considerarlas excesivas para alguien que no ha cometido un delito. Fuentes de este organismo catalogan a estos centros de “aparcaderos de gente” y piden potenciar su carácter social. “Cuando hay un trabajador social, mejora la convivencia y se reducen los problemas. Pero su presencia no es habitual”.
Muros opacos

La prensa tiene prohibida la entrada y es excepcional la ONG que puede atender a los inmigrantes. Los observadores que han entrado (algunos europarlamentarios, el Defensor del Pueblo y consultores del Parlamento Europeo, entre otros) han salido cargados de denuncias e irregularidades, aunque la situación es más preocupante en otros Estados europeos. El Ministerio del Interior alega motivos de “seguridad e intimidad” para que no entre ningún medio y mantiene un secretismo permanente sobre el día a día tras las rejas.

El informe del Defensor denuncia también “restricciones innecesarias de derechos no afectados en principio por la privación de libertad”, y falta sanidad, intimidad, infraestructuras y seguridad, entre otras. Además, carecen de planes de evacuación y médicos permanentes en algunos de los centros.

No obstante, la alimentación mayoritariamente, en manos de la empresa ALBIE “no es mala, pero deberían guardarse muestras de todos los alimentos para facilitar la gestión cuando aparece un brote infeccioso como el de legionela que sacudió el CIE de Murcia en 2007”, critican fuentes del Defensor.

El Parlamento Europeo hizo público el mes pasado un informe encargado a la empresa Steps Consulting Social, en el que analizaba la situación de los centros de retención en la UE. Sobre algunos españoles, concluía que había detenciones innecesariamente severas, deplorable higiene, excesivo personal de seguridad y falta de información. A su juicio, demasiado para personas con una simple falta administrativa.
Las críticas del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo evaluó en 2007 los centros de Fuerteventura, Tenerife y Murcia, tras los que pidió el cierre temporal de murciano. Las obras de ampliación han reducido el patio, las plazas disponibles de 60 a 30 y no han dejado espacio para el dispensario médico.

La falta de intimidad es uno de los aspectos más destacados en el centro de Fuerteventura, el más grande de España, con capacidad para 1.070 personas. Los dormitorios comunales están saturados de camas y vigilados de forma directa por cámaras. En Tenerife, es “frecuente” la saturación del centro, donde se tiene que habilitar una carpa en el patio de hombres para dar acogida a los nuevos internos. No hay zona de sombras en los espacios abiertos y falta intimidad en las duchas.

Entre el resto de centros, las críticas sobre seguridad destacan las fugas de algunos internos en los últimos años de los CIE de Madrid y Barcelona. En Valencia, faltan elementos recreativos, mecanismos para tender la ropa, espacios de intimidad en el aseo y participación de los médicos en la elaboración de los menús. En Málaga, tras una revuelta, se retiraron las sillas del comedor y se obligó a comer de pie a los internos. El objetivo era que no se las lanzasen. Se desconoce si se han instalado bancos sujetos al suelo, como mínimo. El centro de Algeciras hay habitaciones con más de ocho internos. Además, su condición de antigua cárcel fomenta una “preocupante” proliferación de rejas, según el Defensor.