Javier Aguilar

Estrasburgo – La directiva sobre el retorno de inmigrantes en situación irregular, propuesta por la Comisión Europea y sujeta a codecisión de la Eurocámara y el Consejo de la UE, entraría en vigor en 2010, no afectaría a las peticiones de asilo y prima el retorno voluntario. Así, aquellos inmigrantes que vayan a ser expulsados tendrán un plazo de entre 7 y 30 días para abandonar voluntariamente el país; si hay riesgo de fuga, las autoridades podrán decretar su ingreso en un centro de retención, por un período máximo de seis meses, ampliables doce más. En España, este plazo es de 40 días. Cada país podrá fijar su duración por debajo del máximo establecido. Finalmente, la expulsión conllevará la prohibición de la reentrada en la UE durante 5 años, algo que no afectará a los inmigrantes indocumentados que hayan optado por el retorno voluntario.

El texto ofrece asistencia legal gratuita a los inmigrantes ilegales sin recursos. El debate celebrado ayer puso de manifiesto la división existente en la Cámara, e incluso en algunos grupos. De hecho, mientras la portavoz socialista, la francesa Martine Roure, calificó la Directiva de «insuficiente en la protección de los derechos fundamentales», para el socialista español Javier Moreno, la Directiva es «un paso adelante» hacia una Política de Inmigración Común. Moreno apostó por «abrir nuestras puertas a los inmigrantes legales e impulsar su integración en nuestras sociedades» e instó a «cerrar el paso a la inmigración clandestina, al trabajo ilegal».

Por el contrario, para el diputado de IU Willy Meyer, la Directiva «es una vergüenza», porque «intenta deportar» a 8 millones de personas, y apeló a una movilización europea contra la Directiva.

El parlamentario popular Agustín Díaz de Mera, coincidió con Moreno en que el texto supone «un paso decisivo hacia la necesaria política común de inmigración». Díaz de Mera defendió que el retorno forzoso «es el último recurso y siempre de acuerdo con los derechos fundamentales».

División y victoria

Las cuentas previas dan, a priori, una victoria a la propuesta gracias a los votos de los grupos popular, liberal y la Unión por la Europa de las Naciones. Buena parte de los socialistas votará en contra del texto, al igual que los Verdes y la Izquierda Unitaria.

La división entre los grupos también se aplica a las delegaciones. Mientras la española está mayoritariamente a favor del texto, la mayoría de la delegación francesa apuesta por introducir modificaciones en el mismo.


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