LA muerte segura de 40 inmigrantes ilegales originarios de Egipto que se dirigían a Italia y el más que probable fallecimiento de los otros cien ocupantes de la barcaza que llevan ya varios días desaparecidos constituye la última tragedia que se han cobrado las travesías clandestinas de ciudadanos africanos que se arriesgan a la desesperada por la expectativa de un futuro mejor en Europa. Resulta dolorosamente aleccionadora la reiteración en el drama, tal y como lo demuestran el rescate de otros 26 extranjeros en Malta y el medio millar hacinado en las últimas horas en las costas de la isla de Lampedusa. Ni la severa legislación con la que el Gobierno italiano pretende restringir la entrada y la permanencia en el país de los trabajadores ‘sin papeles’, ni la nueva y controvertida directiva europea que se empieza a debatir hoy en la Eurocámara, por la que se puede ampliar hasta los seis meses el internamiento previo a la repatriación forzosa, parecen actuar como factores disuasorios para frenar la marea migratoria.

Centenares de ciudadanos egipcios han muerto ahogados en los últimos tres años en el Mediterráneo en su intento de arribar a Grecia e Italia, sin que las autoridades de los países emisores han desplegado la suficiente capacidad o voluntad políticas para neutralizar las bandas de traficantes que fletan inseguras embarcaciones atestadas de indocumentados. Pero tampoco los estados receptores, todos miembros de la UE, han dispuesto los medios adecuados para localizar y rescatar en caso de peligro las precarias pateras que cruzan el mar. La nueva tragedia atestigua la envergadura de las dificultades a las que se enfrenta la Unión en la gestión de una problemática muy compleja que requiere de una colaboración más estrecha y eficaz con los países africanos, porque los planes de ayuda y cooperación no terminan de alcanzan sus objetivos y los fondos siguen corriendo el riesgo de diluirse en las redes de la corrupción, mientras los esfuerzos para canalizar legalmente la mano de obra necesaria sólo alcanzan a una minoría. La UE está obligada a paliar las perjudiciales consecuencias derivadas de la ausencia de una estrategia verdaderamente común en la respuesta a los flujos migratorios. Pero la tragedia casi cotidiana evidencia que el sufrimiento y la pobreza pueden ser sentimientos más poderosos que aquellas normativas que, pretendiendo acabar con las travesías fallidas, imponen restricciones dudosamente respetuosas con los derechos humanos.