El reciente debate sobre inmigración en el Parlamento confirmó la imposibilidad de que el PP pueda hacer prosperar su controvertida propuesta para que los extranjeros no comunitarios tengan que someterse a un contrato de integración y la necesidad de afrontar de forma consensuada uno de los principales retos de la política española ante la UE. El Senado acaba de urgir al Gobierno a convocar la Conferencia Sectorial sobre Inmigración para coordinar la respuesta de las administraciones a las demandas que plantea la transformación de España en el primer país receptor de ciudadanos foráneos de Europa. Las consecuencias de la llegada de 4,5 millones de personas conforman en sí una metamorfosis social de suficiente envergadura como para avanzar en la armonización de las actuaciones públicas. Exigencia más perentoria ante la corriente restrictiva en la Unión y los eventuales focos de conflicto que pueden avivar las dificultades por la crisis económica.
En este sentido, las exigencias del PP no sólo plantean dudas de legalidad, dado que someterían a extranjeros ya regularizados a una evaluación prejuiciosa que los distinguiría de los nacionales y que, además, haría depender su residencia del acatamiento del entramado constitucional, pero también de una difusa concepción de las costumbres nacionales. El espíritu de la iniciativa sugiere que, más que procurarse una integración, lo que se pretende es disuadir la entrada de nuevos inmigrantes y forzar su salida si carecen de garantías de trabajo. El rechazo del resto de los grupos debería llevar a los populares a reconsiderar sus medidas. Pero la ambigüedad socialista, cuyas rotundas objeciones contrastan con posiciones del ministro Corbacho, obliga al Gobierno a clarificar su estrategia cuando están en discusión la controvertida directiva comunitaria de repatriaciones y el pacto que Francia pretende ofrecer al conjunto de la Unión.