En sus diez primeros meses al frente del Departamento foral de Asuntos Sociales, Covadonga Solaguren ha tenido que hacer frente a tres polémicos asuntos, muy sensibles a la opinión pública. Los 100 días de huelga de la residencia Ariznabarra, la cancelación de las 65 plazas que la Diputación tenía concertadas en la Clínica Álava por el supuesto incumplimiento de una ley que obliga a reformar el centro y el polvorín de Zabaltzen. La noche del viernes, los 38 menores inmigrantes alojados en el servicio se amotinaron contra los nuevos monitores contratados por la Diputación. Solaguren advierte de que no va a ceder ni una pizca.
-Los menores denuncian que los nuevos educadores les han golpeado sin motivo aparente. Les llaman «matones de gimnasio». ¿Han optado por la mano dura?
-De ninguna manera se les ha maltratado. Si se hace eco de lo que dicen los menores, es contraproducente. Hay que tener en cuenta que ante una situación de riesgo para los menores, los educadores tienen la obligación de proteger, tanto al menor como a los otros chicos de su alrededor, de sus propios actos impulsivos. Es una obligación legal que se tiene que hacer con medidas ya establecidas y reguladas.
-Los chavales hablan de una disciplina marcial.
-Todo se enmarca en la apuesta que hemos hecho de un nuevo proyecto educativo e integrador. Dentro de él, los educadores tiene el perfil necesario para realizar su labor. Eso no quita para que a los menores haya que hacerles un control y un seguimiento y llevar unas normas y una disciplina dentro del centro.
-¿No le preocupa que las protestas suban más de tono?
-Esta Diputación tiene preocupación, pero no tiene miedo a los posibles comportamientos de los menores. Hay cosas que en el centro no se pueden hacer y nos vamos a mantener firmes en que no se hagan, que se lleve a cabo un control.
-¿Los anteriores educadores tenían mucha manga ancha?
-Eso lo dice usted, no yo. Nosotros hemos apostado por un nuevo proyecto, consideramos que éste está mejor ajustado a las necesidades y al objetivo que buscamos. Planteamos que a los menores hay que atenderlos, ayudarles a integrarles, darles una educación, pero eso no quita que controlemos su actuación dentro y fuera del centro, con un seguimiento constante de sus comportamientos.
-¿Han aumentado el número de monitores?
-La nueva plantilla se ha incrementado para solventar posibles altercados que sabíamos que podían producirse.
-Hasta que el traslado a Molinuevo sea efectivo, ¿mejorarán las infraestructuras del servicio actual?
-El centro es de 600 metros cuadrados, ha sido mejorado constantemente desde el mes de agosto que nosotros nos incorporamos a esta Diputación. Ha sido ampliado en su tamaño, en sus huecos. No entiendo cómo los menores hacen declaraciones de ese tipo.
-¿En qué se diferencia el nuevo proyecto educativo del anterior?
-Considerábamos que había que reconducir determinadas cuestiones del anterior. El nuevo tiene mayor control y vigilancia. La autoridad debe estar en los responsables del centro, los educadores, y no pueden ser los menores los que decidan cómo funciona cada día. La disciplina y autoridad la establecen los monitores, y la Diputación está detrás del proyecto que ellos han implantado.
-Más de un millar de residentes le ha trasladado su rechazo al nuevo centro en Coronación. ¿La presión vecinal puede truncar este proyecto?
-Lo respetamos. Es muy legítimo que se planteen este tipo de iniciativas contra algo que se desconoce y tras la alarma creada por ciertos partidos políticos. Llevamos meses trabajando y el centro Molinuevo va a ser un acierto. Es una decisión tomada y la llevaremos hasta el final.
-¿El barrio es el más idóneo? El PP asegura que es la zona de «trapicheo de drogas» de la ciudad.
-Estas afirmaciones no son responsables. Se ha creado una alarma social en contra de estos chavales que hay que eliminar.
Conflicto de Ariznabarra
-La congregación de los Salesianos ha renunciado a gestionar el proyecto por no compartir el modelo actual. ¿Cómo valora su gestión?
-Hay que diferenciar lo que es Salesianos, a quienes agradecemos su labor, de los educadores que trabajan para ellos. Sólo son tres los que han enviado los escritos de denuncia y, salvo que me demuestren lo contrario, han sido impulsores de algunos de los problemas que hay en el centro de Cruz Roja.
-Siempre ha defendido que el nuevo centro debe ubicarse en Vitoria porque así lo decidieron las Juntas. ¿Ha primado más cuestiones políticas que técnicas en su decisión?
-Nuestra decisión está estudiada desde todos los puntos de visto: político, técnico, jurídico, social… Y con estos parámetros, se ha apostado por abrir el centro en Molinuevo. Que a futuro igual tenemos que hacer otro fuera de Vitoria, pues puede ser. La gestión es muy compleja; no hay que olvidar que los menores vienen por oleadas.
-Otro frente abierto son los paros en Ariznabarra. Más de 100 días y no existen visos de desconvocarse. Pese a que está gestionada por Mapfre-Quavitae, la propiedad es de la DIputación. ¿Qué margen de maniobra les queda a ustedes?
-Llevamos dos docenas de reuniones con la empresa para concretar el precio plaza-día desde 2003 ya que en estos últimos cuatro años no se llegó a un acuerdo. Un trabajo muy difícil. Pero nuestra relación es con la empresa; y el conflicto, entre ésta y las trabajadoras.
-Llegado el acuerdo, ¿hay motivos para que la empresa no llegue a un acuerdo salarial con sus empleadas?
-Eso es una una negociación entre la empresa y el comité.
-¿Descarta romper el acuerdo con Mapfre para que la Diputación vuelva a tomar las riendas de la gestión?
-No descarto nada. Estamos estudiando todas las posibilidades.