El debate en la Eurocámara de la directiva de retorno de los inmigrantes en situación ilegal, que se producirá a principio de esta semana y que ha generado una fuerte controversia, inaugura una nueva política de dureza con el fenómeno de la inmigración al que no ha sido ajeno el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero que planea ahora impulsar el regreso a sus países de origen de un millón de trabajadores extranjeros.

La política común europea para regular el fenómeno migratorio parece abocada a establecer un común denominador extremadamente riguroso en el tratamiento de los irregulares cuyo internamiento podrá prolongarse hasta los seis meses si se aprueba el actual borrador de la directiva. Directiva que descansa en un planteamiento, que en su expresión práctica, resulta contradictorio al establecer que la inmigración ilegal es un delito y sus autores reciben un trato de criminalización, como han denunciado algunos grupos de Estrasburgo, mientras el control judicial de las expulsiones y de las retenciones forzosas se relaja considerablemente.

El grupo socialista de la Eurocámara ha expresado algunas débiles objeciones sobre la disposición comunitaria de la inmigración mientras simultáneamente prepara en España, como ha admitido el ministro de Trabajo, un plan de amplio calado para impulsar el retorno a sus países de origen de un millón de trabajadores extranjeros y sus familiares acogidos al derecho de reagrupación.

La sombra del invierno económico que amenaza a Europa y, especialmente a la economía española, parece estar en la raíz de un giro de 180 grados en la política migratoria que en el plazo de pocos meses ha pasado de hablar de integración, necesidad en cientos de miles de trabajadores extranjeros para mantener el ritmo de producción de la maquinaria española y acuerdos con los países de origen a lanzar el mes próximo un proyecto de incentivos a la repatriación. Pero miles de familias que después de años de esfuerzos han formado su hogar en este país no pueden ser obligados a vivir en la incertidumbre de que su estabilidad depende de si es precisa su mano de obra en la cadena productiva.

Si existe una voluntad de regreso es positivo ordenarla e incentivarla pero no sería coherente ni con el pasado ni con las necesidades de futuro ahora que aparecen nubarrones en la economía empujar al retorno a trabajadores que la economía necesitará tarde o temprano.