silvia.otero@eluniversal.com.mxjorge.ramos@eluniversal.com.mxAutoridades federales indagan posibles nexos entre traficantes de personas que operan en el sur del país, con sicarios del narco, en concreto con Los Zetas, pues hay indicios de que los polleros los contratan para consumar ejecuciones.El gobierno no descarta que una de sus células armadas haya rescatado a 37 migrantes el miércoles pasado que eran trasladados de Chetumal, Quintana Roo, hacia Tapachula, Chiapas.Las operaciones de estas redes han dejado ejecuciones de presuntos traficantes en el sur del país y una línea de investigación apunta a la colusión de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías municipales que protegen a estas bandas.Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) revela que personal de Migración es corrompido por este grupo dedicado al tráfico de indocumentados, para que informen, dejen de investigar o no hagan nada, permitiendo que traficantes lucren con el traslado de extranjeros. En Chetumal más de dos agentes han sido detenidos y enfrentado cargos por haber facilitado el ingreso de ilegales a México.Según la PGR, en 2007 iniciaron investigaciones sobre el mayor tráfico de personas, sobre todo de Cuba, a costas de Quintana Roo y Yucatán.Tan sólo de 2004 a 2007, los cubanos detenidos en su intento por arribar a México pasaron de 150 a 570 sólo en QR.En este escenario, un informe de 2007 de la Procuraduría General de Justicia de Yucatán revela que los traficantes de indocumentados en esta región, comenzaron por pagar derecho de piso a grupos del narco asentados en la zona, en concreto al cártel del Golfo, para operar en sus territorios.El expediente PGR/SIEDO/UEITMIO/09/2007 revela otra línea de investigación, ya que en este caso se denunció que Los Zetas raptan a indocumentados para exigir a sus familiares en EU rescates de 300 a 2 mil dólares.Asalto, en manosde la PGREl INM dejó en manos de la Procuraduría General de la República la investigación sobre el asalto de los 37 cubanos y guatemaltecos, cuyo destino aún se desconoce.Cecilia Romero Castillo, comisionada del INM, informó de los hechos al titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien le dio la instrucción de ponerse a las órdenes de la PGR.