Acaba de asumir su tarea como negociador ante la UE y ya se ufana del éxito de España y Francia por conseguir una norma común para controlar a los irregulares

Acaba de asumir su tarea como negociador ante la UE y ya se ufana del éxito de España y Francia por conseguir una norma común para controlar a los irregulares

Lo sacaron del Congreso para enviarlo a la batalla europea, donde se encargará de preparar la cercana Presidencia de España en la UE y quién sabe si un futuro acceso a la silla que hoy ocupa Miguel Ángel Moratinos. Como aperitivo, se las ha visto con la nueva directiva de retorno que, salvo monumental sorpresa, será aprobada el 18 de junio. Diego López Garrido (Madrid, 1947) finta las acusaciones de haber cedido ante los países que pedían dureza en la normativa de inmigración y asegura que en este asunto Madrid y París siempre han ido de la mano.

- Apoyará la directiva, ¿hablamos de éxito o ha tragado ante el bloque duro?

- El Parlamento Europeo aprobará la directiva de retorno. Desde luego, los diputados socialistas españoles van a votar a favor. Es una magnífica directiva y representa el camino que hay que seguir en Europa, una política común de inmigración. Hasta ahora era la ley de la selva. Será una directiva garantista, que pone límites a los países más duros. Lo digo porque ha habido una campaña absurda contra esta directiva, que lo que hace es establecer unas garantías para los inmigrantes en los países que no las tienen, como Finlandia, Suecia o algún otro. Allí, los indocumentados pueden pasarse toda la vida encerrados.

- Seis meses de retención para los inmigrantes irregulares no parece mucha garantía.

- La directiva no dice que haya que fijar en seis meses el período de retención.

- Pero da la posibilidad de hacerlo y hasta ahora el máximo en España eran 40 días.

- Es que España ya tiene la posibilidad de ampliar al plazo. Ahora mismo, este es un tema puramente nacional en que cada uno pone las normas que quiere. La directiva obliga a unas garantías mínimas. Usted no puede tener más de seis meses a una persona retenida. Si no consigue la repatriación de esa persona, que hoy por hoy es algo muy difícil de conseguir, usted tiene que ponerla en libertad. Además, tiene que darle supervisión judicial en todo momento. Los menores solo se podrán echar si hay una institución tutorial o una familia que se los va a quedar. Garantiza unos mínimos.

- Pero esos mínimos podrían haberse fijado más a la baja.

- Es evidente que países como Suecia o Finlandia, que pueden tener toda una vida encerrada a una persona, no iban a aceptar pasar a 40 días. Es de locos pensar que eso iba a ser así. Había que llegar a un punto de consenso. Es mucho mejor los seis meses que lo que hay ahora mismo. Es mucho mejor que quienes no tienen supervisión la tengan. Es mucho mejor también que se le diga a los países que no pueden tener encerrados de por vida a aquellos que no consigan expulsar. Nosotros no necesitamos esta directiva, porque somos más garantistas que nadie. Pero es que nosotros haremos lo que queramos.

- ¿Y se ampliará el plazo de retención?

- España va a avanzar un poco más en el número de días de internamiento, porque con 40 días en muchos casos no da tiempo. No sé cuantos serán, 60 o 70. Pero eso ya lo podíamos hacer antes de la directiva.

- ¿Pierde Italia entonces? ¿Se lo han tomado mal?

- Yo ya le dije al representante italiano: «Eso de criminalizar al inmigrante es una medida que toma sin contar con nadie». Es una medida inaplicable, puro teatro. Le pregunté «pero, ¿cuántos irregulares hay en Italia?» y me contestó «millón y medio». Ahí le dije si pensaban meter a ese millón y medio en la cárcel, y él respondió que esa medida no se le iba a aplicar al millón y medio, solo a los que llegaran a partir de ahora, porque no tiene efecto retroactivo. ¿Entonces, para qué vale? Si son irregulares y no tienen papeles, que digan cuándo llegaron.