El Gobierno de Silvio Berlusconi permitirá desterrar durante tres años a las meretrices indocumentadas Después de cargar contra los inmigrantes, el Gobierno de Silvio Berlusconi tiene ahora en el punto de mira a las prostitutas. En nombre de la moral pública, pretende modificar una vieja ley que data de 1956 (y que es algo así como el equivalente italiano a la franquista Ley de Vagos y Maleantes) para poder no sólo echar de las calles a las cerca de 70.000 meretrices que ejercen la prostitución – y la mayoría de las cuales son inmigrantes ilegales – sino también expulsarlas de la localidad en la que se ganan la vida practicando el más viejo oficio del mundo y prohibirles regresar a ella.

La propuesta, presentada como enmienda al proyecto de ley sobre inmigrantes y seguridad, actualmente en trámite parlamentario, contempla incluir a las prostitutas en el elenco de sujetos peligrosos para la seguridad y la moral pública, del que ya forman parte los vagos, los vagabundos, los traficantes, los delincuentes habituales, los proxenetas y los camellos. La idea es que si una meretriz es pillada in fraganti en el ejercicio de su actividad en una localidad de la que no es residente pueda ser expulsada de la misma y desterrada durante tres años. Y si por un casual se le ocurriera volver a poner el pie en ella, podría ser condenada a una pena de seis meses de cárcel.

La idea de lanzarse a la caza de las prostitutas ha partido de los presidentes de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales del Senado, Filippo Berselli y Carlo Vizzini, ambos miembros de la coalición que lidera Silvio Berlusconi. Pero otros muchos próceres del Cavaliere ya se han apresurado a dar la cara por ella, empezando por el ministro de Justicia, Angelino Alfano, quien asegura compartir «plenamente» el principio sobre el que se sustenta la propuesta. «La prostitución influye en términos de seguridad sobre las familias italianas y el acondicionamiento de los lugares públicos», aseguraba el titular de Justicia en desde Bruselas.

«Es sólo slogan y propaganda», denuncia el centro – izquierda por boca de Marina Sereni, vicepresidenta del Partido Demócrata en el Senado. Sin embargo, la oposición no está sola en sus críticas contra esta proposición. Giuseppe Pisanu, ex ministro del Interior de Silvio Berlusconi durante el anterior Gobierno de Il Cavaliere entre 2002 – 2006, expresaba ayer su perplejidad ante una propuesta que calificó de «aberrante».

«El sexo a cambio de dinero debe de comportar igual responsabilidad para la mujer y el hombre. Me parece aberrante atribuir a las prostitutas callejeras un presunto delito contra la seguridad y la moral pública y absolver, sin embargo, a sus clientes», aseguraba Pisanu en referencia a los cerca de nueve millones de personas que se calcula que al mes recurren en Italia a los servicios de las prostitutas, y haciendo un llamamiento a Berlusconi para que retire esa propuesta.

Las objeciones de Antonio Di Pietro, líder de la Italia de los Valores, iban por otro lado. «La enmienda es inaceptable. Es justo perseguir la prostitución, pero no arremetiendo contra las víctimas de un sistema criminal más grande».

«Es una propuesta fascista», denuncian desde el Comité para los Derechos Civiles de las Prostitutas, una asociación fundada en 1982 con el objetivo de tutelar a las trabajadoras del sexo. «Berselli y Vizzini deberían saber que lo que están volviendo a proponer es una norma que ya existía el código fascista de los años 30 y que se usó tras la clausura de los burdeles para castigar a las prostitutas. ¿Cómo es posible que el Gobierno diga que pretende modernizar el país cuando lo que hace es copiar leyes del siglo pasado?», destaca Pia Covre, secretaria de dicho comité.

La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) también aireaba su oposición a la propuesta. «Para luchar contra la prostitución lo que hay que hacer es combatir a los proxenetas», asegura su presidente, Luca Palamara. Además, el sindicato de los jueces no dudaba en arremeter contra las intenciones del Gobierno de convertir la inmigración ilegal en un delito castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel, asegurando que de hacerse realidad provocará «gravísimas disfunciones en los sistemas judicial y carcelario».

Según denuncia la ANM, en aquellas pequeñas localidades con un fuerte índice de clandestinos será prácticamente imposible celebrar cada día los centenares de audiencias necesarias para convalidar las órdenes de arresto dictadas contra inmigrantes sin papeles y juzgarles por la vía rápida. La asociación de magistrados concluye que tipificar como un delito la inmigración ilegal no conllevará «ningún beneficio real en términos de efectividad en la expulsión y reducción del fenómeno».