El pacto europeo sobre inmigración con el que el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quiere inaugurar su presidencia semestral de la Unión Europea, tropieza con dos escollos en España: la exigencia de un “contrato de integración” a los extranjeros no comunitarios y la pretensión de que los Veintisiete renuncien expresamente a las “regularizaciones masivas y colectivas en el futuro”. Ambas propuestas son rechazadas por el Ejecutivo de Zapatero.

Representantes de la Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Trabajo e Inmigración, Interior y Exteriores se reunieron a mediodía de ayer en la sede de este último. El motivo: elaborar una estrategia con la que convencer a los franceses para que modifiquen la redacción de esos dos puntos.El acuerdo sobre el contrato parece al alcance de la mano, pero el de las regularizaciones colectivas se presenta más complicado.

Ambos Gobiernos negocian contrarreloj para cerrar una propuesta conjunta en la cumbre bilateral que se celebrará en Zaragoza el próximo día 27. Pero las conversaciones avanzan lastradas por sus sensibilidades dispares. Para Madrid, la propuesta que han presentado los franceses tiene un enfoque “demasiado receloso” hacia la inmigración.

La exigencia de que los inmigrantes firmen un “contrato de integración” en el que se comprometan a respetar las costumbres del país provoca aversión en Madrid por varias razones. La primera es puramente funcional: el Gobierno considera que el contrato es innecesario porque los principios que recoge ya figuran en las leyes nacionales, que los extranjeros están obligados a cumplir. La segunda razón es política: los socialistas se verían en un aprieto para explicar la aceptación de un documento similar al que propuso durante la última campaña electoral el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien fue duramente atacado por despertar sentimientos xenófobos.

El otro escollo en las negociaciones es que Francia pretende la renuncia expresa de los Veintisiete a las regularizaciones masivas y colectivas, sobre las que su borrador del pacto afirma que producen “un efecto llamada importante”.

El Gobierno ya avisó en 2005, cuando impulsó que los empresarios dieran de alta en la Seguridad Social a 600.000 sin papeles que tenían trabajando ilegalmente, que aquélla era “la última oportunidad” para que los extranjeros regularizaran su situación.

Desde entonces, tanto Zapatero como sus ministros han repetido en numerosas ocasiones que no contemplan un proceso similar. Pero también se han negado a incluir en la ley una renuncia expresa a hacerlo, como les exigía el PP y ahora pretende Francia. Básicamente, el Ejecutivo español considera que “no hay razón para atarse las manos” ante una posible emergencia futura.

El Gobierno francés parece haber entendido los argumentos del secretario de Estado español de Asuntos Europeos, Diego López Garrido, sobre el contrato de integración. Durante el almuerzo de trabajo que mantuvo la semana pasada en París con su homólogo, Jean – Pierre Jouyet, López Garrido defendió una redacción del borrador de pacto europeo “más en positivo, menos recelosa” con los inmigrantes. Insistió en que debía marcar unas líneas generales para la integración de los extranjeros y dejar al criterio de cada país la forma de cumplir los objetivos. Obtuvo una respuesta “muy comprensiva”.

Por el contrario, París parece empeñada en mantener la renuncia a las regularizaciones colectivas. Las sugerencias para “superar la redacción actual del documento en ese punto y buscar otras fórmulas” no parecen haberles hecho mella. España pretende que los Estados miembros se comprometan simplemente a informar por adelantado de cualquier cambio en su política.

El reloj corre mientras ambos Gobiernos negocian. El próximo martes se reunirán en París el secretario español para Asuntos Consulares y Migratorios, Francisco Javier Elorza (que tomó posesión hace sólo una semana), y el consejero del Ministerio de Inmigración, Integración e Identidad Nacional francés, Patrick Stefanini. Intentarán aproximar posturas, con el fin de que el acuerdo pueda ser presentado el próximo día 27, cuando se celebre la cumbre hispano francesa de Zaragoza.

Aunque ambos países desean que las negociaciones culminen con éxito, es el presidente francés el más interesado en obtener un acuerdo rápido. Nicolas Sarkozy busca un golpe de efecto político presentando el acuerdo de pacto cerrado sólo tres días después de la cumbre de Zaragoza: el 1 de julio, fecha en la que su país asumirá la presidencia semestral de la Unión Europea.