El primer ministro italiano dio ayer aparentemente marcha atrás en la decisión de su Gobierno de convertir en delito la inmigración ilegal al afirmar que la permanencia ilegal de una persona en Italia sólo puede ser «un agravante» en el caso de que ésta cometa algún delito. Sus palabras suscitaron el malestar entre su socio de coalición, la Liga Norte. Sobre las críticas de la ONU, Berlusconi insistió en que es «una declaración desmentida acerca de una opinión negativa sobre algo que todavía no ha ocurrido»,
e insistió en que «el Parlamento (italiano) es soberano y decidirá según su conciencia y sentido común».


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