El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, dio ayer marcha atrás en su controvertido decreto que convierte a los inmigrantes sin papeles en delincuentes. El líder del gobernante Pueblo de la Libertad reculó en una de las primeras medidas decididas por su flamante Ejecutivo y dijo que la condición de irregular “no es un delito, sino que será un agravante en el caso de que la persona cometa un delito”. Berlusconi hizo estas declaraciones horas después de que tanto Nicolas Sarkozy como José Luis Rodríguez Zapatero le expresaran en persona su preocupación por el alcance de ese decreto.
Los presidentes francés y español tuvieron ocasión de reunirse con su homólogo italiano en la cumbre que las Naciones Unidas celebran en Roma para abordar la crisis alimentaria. El cambio de marcha del Ejecutivo italiano se produce después de las críticas que la medida ha recibido en las dos últimas semanas desde el Vaticano, la ONU y varios gobiernos europeos.
“Personalmente – – dijo Berlusconi – – , pienso que no se puede perseguir a alguien por su permanencia irregular en nuestro país condenándolo con una pena, pero esto puede ser un agravante en el caso de que cometa un delito”. Estas palabras abren una crisis con sus socios de la ultra Liga Norte, que azuzaron la campaña electoral con mensajes xenófobos.
El paquete de medidas que incluye la polémica decisión de convertir a los irregulares en delincuentes, en un supuesto intento de atajar la inseguridad ciudadana, fue aprobado por el Gabinete italiano en la primera reunión del Consejo de Ministros y está pendiente de ratificación en el Parlamento, donde Berlusconi y sus socios tienen mayoría absoluta.

“NINGUNA SOMBRA” CON ESPAÑA
El Gobierno español fue uno de los primeros ejecutivos europeos que cargó abiertamente contra el decreto. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, censuró las medidas y abrió una crisis bilateral que ayer por la mañana Zapatero y Berlusconi se encargaron de zanjar con un encuentro informal de un cuarto de hora y una fotografía. “No hay ninguna sombra en nuestra relación bilateral”, afirmó el primer ministro italiano horas antes de que diera marcha atrás. “Las cosas entre España e Italia van bien, y las relaciones con el Gobierno de Berlusconi van a ser, sin duda, positivas”, añadió Zapatero.
Sin embargo, minutos más tarde, y antes de conocer la rectificación del primer ministro, el jefe del Ejecutivo español volvió a dejar claro que no está de acuerdo con la mano dura para frenar la inmigración irregular. “Ojalá bastara una ley nacional”, dijo, en referencia a que Italia no pactó ese paquete de medidas con sus socios de la UE. “Meter el Código Penal en la inmigración busca luchar contra la ilegalidad. Vamos a ver si es eficaz”, añadió. Zapatero explicó que su “experiencia” como gobernante le ha enseñado que este fenómeno del siglo XXI solo se puede combatir con el aumento de la cooperación con los países de origen y la apertura de nuevas embajadas en las regiones más pobres.
El líder socialista dijo que no se puede concebir que “el color de la piel” o “la raza” agraven una condena, como prevé la nueva ley italiana. La disposición agrava las penas en un tercio “cuando el delito sea cometido por un sujeto que se encuentre ilegalmente en suelo italiano”.

“MENOS DIMENSIÓN”
El presidente español dijo que, en su reunión informal con Berlusconi, este tuvo la “consideración” de explicarle con detalle el decreto sobre inmigración. “Me ha aclarado que algunas medidas legales no tienen la dimensión que se ha dicho en el debate público”, declaró Zapatero, acaso concediéndole el beneficio de la duda.
Fuentes del Moncloa aseguraron que el primer ministro italiano intentó rebajar el alcance real del decreto, pero en ningún caso adelantó la rectificación que hizo por la tarde. Una marcha atrás que “satisface” al Ejecutivo español, según fuentes oficiales, pero que también sorprendió a los socios de Berlusconi.