La primera medida del Gobierno de Berlusconi fue un decreto sobre inmigración en el que se introducía el delito de clandestinidad. La norma, en vigor mientras el Parlamento no la rechace, prevé pena de prisión por la entrada clandestina en el país y que puedan ser incautados los pisos alquilados a sin papeles. Los inmigrantes que obliguen a sus hijos a pedir limosna serán privados de la patria potestad. La pena para un sin papeles que delinca aumentará en un tercio sobre lo previsto en el Código Penal y las bodas con extracomunitarios serán investigadas para evitar matrimonios de conveniencia.