Cuando a Ali, un pescador senegalés de 25 años, le propusieron conducir un cayuco hasta las Islas Canarias lo aceptó sin miramientos. “Era mi sueño. El cayuco era mi instrumento de trabajo, lo dominaba y los passeurs [pasadores] me ofrecían contactos para vivir en España”, recuerda de aquel frío febrero de 2007. El suyo fue uno de los últimos que partieron de la costa de Senegal. El goteo de aventureros se cerró el 8 de noviembre de 2007, cuando las patrulleras de la Guardia Civil detuvieron al último. Las ruta desde este país y Gambia surgieron hace pocos años como alternativa a las de Mauritania, Marruecos y Argelia, más cercanas a España pero también más vigiladas. Ahora, el riesgo de hacer trayectos tan largos y, sobre todo, el aumento de la vigilancia costera han minimizado las salidas. Mauritania vuelve a ser la preferencia de los jóvenes subsaharianos.

En total, las patrulleras de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex) detuvieron en 2007 a 18.057 inmigrantes a bordo de embarcaciones que se dirigían a España, lo que supuso un descenso del 53,9% respecto al año anterior, cuando interceptaron a 39.180 durante la crisis de los cayucos del año 2006.

Sin embargo, dentro del continente africano sigue habiendo importantes flujos migratorios. En ciudades interiores como Kaynes (Malí), en 2007 se llegó a formar –en apenas dos meses– una bolsa de 10.000 inmigrantes procedentes de otras zonas que querían llegar a España. La ciudad está junto a la frontera con Senegal, su país lanzadera.

Muchos de ellos salen de sus ciudades con “la idea de que llegarán a Canarias o la Península en pocos días”, asegura un funcionario español de la embajada en Bamako (Malí) mientras limpia la capa de polvo rojo que ha acumulado uno de los vehículos oficiales. “Cuando se quedan sin dinero, tienen que buscar un trabajo y pasar unos meses en estas ciudades de tránsito”. En el norte de Malí, la situación se repite en Kidal, una región fronteriza con Argelia.

Para intentar reducir estos flujos, además de la vigilancia en las fronteras marítimas (el Parlamento Europeo ha duplicado el presupuesto del Frontex para 2008: 120.346 millones), cada vez es más frecuente la firma de acuerdos de cooperación entre países europeos y africanos. El último presupuesto de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el Programa de Diálogo Interregional entre la Unión Europea, el Magreb y los países subsaharianos era de 1,9 millones de euros para 36 meses.

Tres semanas después de que a Ali le propusiesen la travesía a Canarias, se embarcó entre las enrabietadas aguas del invierno atlántico junto a otros cuatro tripulantes y 103 pasajeros. “Tardamos diez días en llegar a Fuerteventura y tuvimos que hacer turnos para sacar agua del cayuco porque en alta mar se abrieron varias grietas”, detalla en un depurado castellano. Dos meses después, la policía canaria le detuvo en un municipio de la isla por no tener documentación y, tras pasar por el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de El Matorral (Fuerteventura), uno de los más grandes de España, le trasladaron a la península.

Estos traslados son frecuentes por la falta de recursos que tiene el archipiélago. Sin embargo, se han reducido en 2008 por el descenso de llegadas de embarcciones (cerca de un 17% respecto al mismo periodo del año pasado).

“Al interceptar una embarcación, muchos de los inmigrantes declaran venir de países con los que España no tiene firmados convenios de repatriación porque así les resulta más difícil a las autoridades devolverlos. Vienen bastante preparados”, explica un agente de policía del CIE de Hoya Fría, en Tenerife. “Pero en las entrevistas es fácil identificarles porque el acento cambia en función del país y muchos terminan reconociendo su origen. La mediación de los chama [inmigrantes que suelen hablar castellano y que se convierten en líderes del grupo dentro del CIE] es fundamental”.

La comunidad subsahariana en España tiene un marcado carácter masculino: Malí (90% de hombres), Ghana (85%), Guinea Bissau (81%), Mauritania (81%) y Senegal (80%) son cinco de los seis países con un porcentaje de hombres más alto, junto a Pakistán. El hombre, especialmente entre las generaciones más mayores y rurales, es “el que tiene que llevar el dinero a casa”, explica Ali.
La vida en la clandestinidad

En la Península, Ali encontró un empleo como montador de muebles de cocina en una empresa de Zaragoza. Cobró en negro durante un año y el jefe de la compañía le ofreció un contrato el pasado mes de abril. Con el acuerdo en la mano volvió a Senegal y siguió los trámites legales que exige la embajada en Dakar para poder residir en España como un ciudadano más. “Ya no voy a tener que esconderme de la policía”, dice en las puertas de la oficina española, donde se agolpan decenas de compatriotas suyos en busca de información. A su alrededor, la actividad en las calles de Dakar bulle espolvoreada de niños mendigos y puestos ambulantes. La falta de oportunidades se hace latente incluso en la capital de Senegal, uno de los países más prósperos del África subsahariana.

En la sede de España en el país, uno de los aspirantes, Lamin, de 29 años, define la oportunidad de vivir en la Península como la mayor ilusión de su vida. “Si la embajada no me deja, lo haré como sea. Sé que muere mucha gente en los cayucos, pero espero tener suerte”. Hace dos semanas se despidió de su familia y partió de su ciudad, Saint Louis (Senegal), con sólo una mochila de equipaje. Apenas le quedan 30.000 C.F.A. en el bolsillo, unos 45 euros. Reconoce que falló con sus cálculos iniciales.

“En muchos países subsaharianos, les encantan aparentar y cuando alguien regresa de España con un móvil, buena ropa y algo de dinero, se ilusionan y no hacen caso a los consejos. Piensan que les engañamos”, dice un miembro de la embajada. En los informativos de RTS (la cadena pública controlada por el gobierno senegalés) y las cuatro privadas, “las muertes en alta mar ocupan muy poco espacio y es difícil concienciarles”, critica. “Además, es dramático porque algunos llegan con una fotocopia del pasaporte con un sello falso por el que en Malí han pagado 80.000 C.F.A.”, su sueldo de ocho meses.