ginebra. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, utilizó su último informe oral para criticar el endurecimiento de las leyes “contra la inmigración ilegal y minorías indeseables” en Europa y, en particular, la medidas adoptadas en ese sentido por el Gobierno de Italia.

Sobre todo, Louise Arbour quiso alertar al mundo sobre el agravamiento de problemas como la intolerancia y xenofobia contra los inmigrantes y las minorías.

“La reciente decisión del Gobierno italiano de criminalizar la inmigración ilegal y los ataques contra campamentos gitanos en Nápoles y Milán” son ejemplos de las actitudes de xenofobia e intolerancia que se observan en Europa, declaró Arbour, en su último discurso ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas.

La alta comisionada, que concluirá su mandato de cuatro años el próximo 30 de junio, desiste a un segundo mandato, una decisión que numerosos países han lamentado porque veían en esta canadiense de 61 años a la persona indicada para cumplir con la delicada responsabilidad que su rol impone.

Se trata de un puesto que suele suscitar controversias, que molesta a los gobiernos que son objeto de sus críticas, pero del que esperan más los países que quisieran que sus denuncias fueran más severas, frecuentes y directas.

Arbour, quien ha sido magistrada suprema en Canadá y fiscal jefe de los Tribunales Penales Internacionales de la ONU para la antigua Yugoslavia (TPIY) y para Ruanda (TPIR), asumió el cargo en 2004, tras el asesinato de Sergio Vieira de Mello en un atentado contra la ONU en Bagdad.

La jurista ha asegurado que deja el cargo por razones personales y que regresará a su país.

Entre los nombres que circulan por las delegaciones del CDH para sustituir a Arbour figuran los de Kyung-wha Kang (Corea del Sur), alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos; Adama Dieng (Senegal), secretario del TPIR, y Francis Deng (Sudán), relator de la ONU para la prevención del genocidio; y el embajador de México ante la ONU en Ginebra y primer presidente del CDH, Luis Alfonso de Alba, y a Hina Jilani (Pakistán), quien pronto concluirá su mandato como relatora sobre los activistas de los derechos humanos.

una reformista Bajo la gestión de Arbour se concretó uno de los aspectos de la reforma institucional de la ONU, lanzada por su ex secretario general, Kofi Annan. Como el cierre definitivo de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que fue reemplazada hace dos años por un Consejo más pequeño y que tiene como una de sus funciones centrales evaluar los derechos humanos en todos los países, con el fin de evitar que esta temática sea manipulada o utilizada con fines políticos.

Varias delegaciones que tomaron ayer la palabra en el CDH recordaron de una u otra manera que Arbour ocupó el puesto de alta comisionada en un periodo difícil y la felicitaron por haber colocado las bases para el mejoramiento del sistema internacional de protección de derechos humanos.

alarma humanitaria

· Birmania. Arbour también reprobó la actitud de la Junta militar de Birmania por obstaculizar la entrada de ayuda internacional para las víctimas del ciclón Nargis, consecuencia de la larga “tolerancia internacional frente a violaciones de los derechos humanos”.

· Somalia. También recordó el “desastre humanitario” de Somalia y que “las severas limitaciones por razones de seguridad hace difícil vigilar la dramática situación y cómo es posible proteger a las víctimas”.

Italia: amparo legal para expulsar gitanos

La Gaceta Oficial del Estado italiano dio carta de naturaleza a los poderes extraordinarios que los delegados gubernativos (prefectos) de Roma, Milán y Nápoles tienen a partir de ahora para resolver “la emergencia gitana” con todas las bendiciones de la ley y las de Silvio Berlusconi, el gran impulsor de la controvertida medida. La ordenanza, que se promulgó de forma sibilina, sin publicidad, habilita a los comisarios a “censar, realojar, alejar o expulsar”, ya sea “por vía administrativa o judicial”, a los ciudadanos de etnia gitana. La directiva se justifica en la “alarma social” creada por “la situación extremadamente precaria” del colectivo gitano, y para prevenir “posibles problemas de orden público y seguridad”. El Gobierno dedicará en un primer momento tres millones de euros, uno por cada prefecto, a solventar la emergencia.