Sin publicidad ni notas de prensa, utilizando la discreta vía de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, Silvio Berlusconi concedió finalmente el sábado poderes extraordinarios a los delegados gubernativos (prefectos) de Roma, Milán y Nápoles para resolver “la emergencia gitana”. La ordenanza habilita a los comisarios a “censar, realojar, alejar o expulsar”, ya sea “por vía administrativa o judicial”, a los ciudadanos de etnia gitana.

La directiva se justifica en la “alarma social” creada por “la situación extremadamente precaria” del colectivo gitano, y para prevenir “posibles problemas de orden público y seguridad”. El Gobierno dedicará en un primer momento tres millones de euros, uno por cada prefecto, a solventar la “emergencia”.

El número dos de Interior, Alfredo Mantovano, dijo explícitamente el sábado en una entrevista al diario Il Tempo (ideológicamente afín a la coalición de Berlusconi), que la ordenanza se justifica en motivos étnicos. “Como demuestran los números y la realidad sociológica”, declaró, “los romaníes son una etnia conectada a un cierto tipo de delitos. Robos, asaltos, e incluso, como en el caso de Ponticelli, rapto de personas”.

Mantovano se refería al hipotético intento de robo de un bebé por una muchacha gitana, que fue el pretexto esgrimido por los vecinos y la Camorra para desencadenar el salvaje ataque que incendió y destruyó los cinco campamentos de Ponticelli (Nápoles), donde vivían 500 gitanos.

“Los gitanos comunitarios tienen que respetar las reglas impuestas por Europa: fuentes de renta lícita y residencia”, añadió Mantovano, miembro de Alianza Nacional y secretario de Estado de Inmigración en el último Gobierno Berlusconi. “Los gitanos que no respeten esas reglas serán expulsados. Para afrontar ese problema, el Gobierno ha decidido nombrar los tres delegados especiales”, concluyó.

Los prefectos de Roma, Carlo Mosca; de Milán, Gian Valerio Lombardi, y de Nápoles, Alessandro Pansa, deberán adoptar, dice la ordenanza, “toda medida útil y necesaria para la superación de la emergencia gitana” en las regiones del Lazio, Lombardía y Campania. Las acciones a tomar son “el control y censo de todos los gitanos” que viven en los campamentos, y “la adopción, en colaboración con las fuerzas policiales, de las medidas necesarias” frente a aquellos ciudadanos “que puedan ser objeto de actuaciones administrativas o judiciales de alejamiento o expulsión”.

Los prefectos podrán “desmantelar campamentos ilegales, cambiarlos de lugar”, “tomar medidas para la evacuación y recuperación de las áreas ocupadas por los asentamientos”, y adoptar “medidas para la integración de los gitanos, la escolarización de los menores y la garantía sanitaria”.

[Por otra parte, un empresario de recogida de basuras que informaba a la policía sobre los negocios de la mafia en el sector fue asesinado ayer cerca de Nápoles].