EL 22 de mayo, los 27 miembros de la Unión Europea adoptaron una decisión sencillamente escandalosa que marca el viraje claro de la política de inmigración europea. El acuerdo en cuestión prevé que los inmigrantes ilegales podrán «permanecer en centros de internamiento» durante 18 meses, sin que ni siquiera hayan de contar necesariamente con asistencia jurídica, hasta que sean repatriados. Hasta ahora, estos limbos jurídicos en que las personas no gozan de libertad ni están formalmente detenidas (sino internadas) tenían un único y vergonzante nombre en occidente: Guantánamo.

Durante quince años de prosperidad, la vieja Europa ha permitido alegremente que llegaran grandes flujos de inmigrantes que eran necesarios para proporcionar mano de obra barata y contribuir al desarrollo económico y al bienestar general. En este tiempo, con regularizaciones masivas o sin ellas, la inmigración no ha sido realmente un problema sino al contrario. Y ello ha tenido al menos la virtud de abrir las mentes de un continente tan cuajado de nacionalismo más o menos confesable y de unos prejuicios étnicos que llegaron a desencadenar la ominosa Segunda Guerra Mundial, consecuencia de la indecorosa deriva de Alemania. La europea ya es hoy una sociedad multiétnica y mestiza, casi como la norteamericana, y ello es sin duda una magnífica vacuna contra intransigencias sobrevenidas de cualquier índole. Sin embargo, debemos andar con cuidado porque las muchedumbres son imprevisibles y fácilmente manipulables.

Aquí no hay elementos, de momento, que hagan temer la aparición de brotes racistas, como en Italia, entre otras razones porque tampoco hay partidos de extrema derecha que pulsen estas fibras, pero, puesto que no tenemos experiencia alguna de conjugar las crisis económicas con la presencia de una gran población inmigrante, toda prudencia será poca. Deberíamos tenerlo en cuenta al disponernos a jugar con fuego.