En caso de duda, análisis de ADN. Ese el criterio que aplica el Ministerio de Asuntos Exteriores para, antes de conceder el visado por reagrupación familiar, poder determinar la autenticidad de un parentesco cuando los documentos registrales no ofrecen la suficiente confianza. Fuentes de Exteriores explican que esta medida se está llevando a cabo con éxito en los consulados españoles en Pekín y Shangái (China) y en el de Lagos (Nigeria), y que no descartan ampliarla en un futuro próximo a otros países.
La utilidad de esos análisis es que permiten saber con certeza si alguien que aspira a la reagrupación es quien dice ser: el hijo o hija del inmigrante que desea reagruparle.
“Se emplean si se sospecha que el documento de parentesco puede ser falso”, aseguran fuentes del ministerio. Esas fuentes explican que el año pasado, en esos tres consulados – – donde se concedieron un total de 5.668 visados de reagrupación familiar – – se hicieron esas pruebas de ADN a 177 ciudadanos chinos y nigerianos que intentaban emigrar a España mediante la reagrupación familiar. Hasta ahora, se conocen los resultados de 86 análisis. De ellos, 85 confirmaron la paternidad y solo uno dio negativo.

INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA
Fuentes de Exteriores dicen que el análisis es voluntario y que no se aplica a todos los solicitantes, sino solo a aquellos de cuyo parentesco se duda. Para realizarlo, el ministerio envió a estos tres consulados equipos de análisis de ADN. Allí, en clínicas homologadas por la embajada, se toman muestras de sangre que se envían por valija diplomática a España donde, a su vez, al inmigrante que pide la reagrupación se le toma una muestra. Los análisis se hacen en el Instituto de Toxicología de Madrid.
Pese a su carácter voluntario, este análisis suscita críticas. Alicia Sánchez Masip, abogada y miembro de la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería (ACPE), duda “de la conveniencia de, para conceder un visado, pedir una prueba tan íntima como un análisis de ADN que, según qué resultados dé, puede tener graves consecuencias familiares”. “Imagínese que un inmigrante descubre que su hijo no es suyo”, comenta. Esta profesional se plantea además “la ética de que alguien deba dar su información genética al consulado de un país extranjero”.

GAMAGRAFÍA ÓSEA
Esta no es la única prueba médica que se efectúa en los consulados. Algunos, sobre todo los de países africanos como Senegal, están pidiendo también la gamagrafía ósea, una prueba que permite saber si un joven es menor de edad, pues en caso contrario no puede ser reagrupado.
La existencia de estos análisis muestra cómo, en el caso de las reagrupaciones familiares, la última palabra la tienen los consulados, por mucho que antes la solicitud haya sido aprobada por la subdelegación del Gobierno en España. Esa contradicción – – que Exteriores deniegue una reagrupación aprobada antes por una subdelegación del Gobierno – – se explica, según el ministerio, ya que “la autorización de una delegación del Gobierno no da derecho automático al visado”.
Según Exteriores, los funcionarios en España no tienen los medios para saber si los documentos de determinados países son auténticos o no. En cambio, los consulados, por estar sobre el terreno, tienen un mejor conocimiento del tipo de documentos, sellos y registros de locales.
El hecho de que la decisión final quede en manos de un cónsul ha llevado al Defensor del Pueblo, CCOO, Cáritas e Iniciativa (ICV – EUiA), entre otras organizaciones, a denunciar actuaciones consulares “injustas”.
Según esas instituciones, pedir un visado es, en países como Pakistán, República Dominicana, Senegal y Marruecos, una pesadilla de retrasos y arbitrariedades.
El asunto ha llegado al Parlamento. El diputado de ICV – EUiA, Joan Herrera, ha presentado dos preguntas parlamentarias sobre “prácticas que dificultan hasta extremos injustificables la reagrupación”. Herrera denuncias casos en los consulados de Dakar, Nador, Tetuán, Casablanca y Quito, donde se han denegado visados por motivos “arbitrarios”, como “que no conviene al menor, que no habla catalán o que no hay una foto de familia completa”.

POLÍTICA ENCUBIERTA
María Helena Bedoya, abogada de CCOO especializada en extranjería, sostiene que “los consulados aplican una política encubierta para impedir la reagrupación denegando los visados”. “El Gobierno les deja el trabajo sucio”, dice, y explica que los cónsules intentan demostrar que se trata de un matrimonio de conveniencia o bien que los hijos no lo son realmente o que son mayores de edad.
Esta letrada relata cómo una mujer que no obtuvo el visado porque el cónsul estimó que era un matrimonio de conveniencia ya que los contrayentes no se conocían. “Y eso que ya tenían un hijo”, clama la abogada, que denuncia la inseguridad jurídica de los inmigrantes a los que se deniega el visado. Bedoya cita también los casos de dos mujeres a las que se les denegó el visado porque una dijo en la entrevista que le gustaría optar a la nacionalidad española y la otra, que quería sacarse el doctorado. “No sé por qué eso es motivo para denegar un visado”, explica Bedoya, que ha recurrido contra 200 denegaciones en Marruecos.
Exteriores niega que se actúe de forma arbitraria y asegura que todas las decisiones consulares “son fundamentadas”.