Cuatro inmigrantes indocumentados detenidos en Milán por diversos delitos de poca relevancia serán los primeros a los que se les aplicará la agravante de clandestinidad. Los cuatro están en prisión preventiva por orden del juez hasta la celebración de la vista, el viernes.
Un chileno de 28 años acusado de causar daños en una clínica, un marroquí de 27 acusado de tráfico de drogas, un ucraniano de 32 y un moldavo de 25, los dos últimos acusados de robar 6 televisores y 30 pares de zapatos, se han convertido en los primeros inmigrantes sin papeles que padecerán los efectos de la controvertida ley de control migratorio aprobada por el Gobierno de Silvio Berlusconi.
Con la nueva legislación, las penas con las que el Código Penal castiga los delitos presuntamente cometidos por estos detenidos se verán incrementadas en un tercio por el hecho de no tener los documentos que acreditan la permanencia legal en Italia.
Los abogados defensores de los cuatro detenidos presentaron ayer un recurso en el que planteaban la inconstitucionalidad de la normativa aprobada, apelando al artículo 3 de la Constitución italiana que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sin embargo, los letrados no evitaron el ingreso en prisión de sus clientes y deberán esperar unos días hasta la resolución, prevista para la semana que viene.

ASENTAMIENTOS GITANOS
La Gazzeta Ufficiale, el equivalente al boletín oficial del Estado italiano, publicó el nombramiento de los prefectos de Roma, Milán y Nápoles como comisarios para afrontar la emergencia relacionada con los asentamientos gitanos. Cada prefecto, con un millón de euros de presupuesto, tendrá poder para controlar los asentamientos autorizados, censar a las personas que vivan en ellos, incluidos los menores, y localizar los enclaves ilegales que no disponen de autorización.