El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cree innecesario un contrato de integración para los inmigrantes, que les obligaría a aprender el idioma y las costumbres del país, como le ha propuesto el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Sin embargo, le parecen negociables las propuestas sobre mejora del control de fronteras y sobre la regularización de inmigrantes, que también plantea Sarkozy, en el marco de la Unión Europea. Pero, en todo caso, la clave ante el reto de la inmigración ilegal está en la cooperación con los países de origen, que son quienes tienen la llave de las repatriaciones. Así lo manifestó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al finalizar el Consejo de Ministros de ayer.

Fernández de la Vega insistió ayer, como ya lo hizo Zapatero en la campaña electoral del 9 – M cuando la defendió el presidente del PP, Mariano Rajoy, en que la integración de los inmigrantes ya está regulada en la Constitución y en las leyes y que, por tanto, no es necesario un contrato singular de integración. “No es necesario añadir otros elementos, como un contrato que no sabemos muy bien qué aporta, a los derechos y deberes de los inmigrantes”, manifestó ayer Fernández de la Vega.

Fue, sin embargo, más receptiva a negociar, en el marco de la Unión Europea, nuevas medidas para reforzar el control de fronteras. Francia propone que, a partir de 2011, se expidan sólo visados biométricos (con datos fisonómicos del solicitante) y que se cree un Estado mayor de Frontex (policía europea de fronteras). En cuanto a la renuncia de los Estados europeos a las regularizaciones masivas de inmigrantes, como propone Francia, la vicepresidenta primera señaló que su Gobierno es contrario a “regularizaciones como las que planteó el PP cuando gobernaba”.

Pero la clave para afrontar el reto de la inmigración ilegal la sitúa el Gobierno de Zapatero en la cooperación con los países de origen. Fernández de la Vega insistió ayer en que su Gobierno está siendo vanguardia en la Unión Europea en la pedagogía para aumentar esa cooperación, para que los países de origen tengan medios para moderar la inmigración y, también, para que acojan a sus emigrantes que han entrado ilegalmente en los países europeos.